Celaya, Guanajuato
El secretario del ayuntamiento de Celaya, Daniel Nieto Martínez, reconoció la existencia de un comité ciudadano en rincón de Tamayo que, sin carácter oficial, auxiliaría, cayendo en la exigencia, para el cobro del servicio de agua.
Señaló que este grupo no está avalado por la administración municipal ni constituye una usurpación de funciones, ya que los pagos recaudados se estarían reportando a JUMAPA, organismo formalmente encargado de la gestión del agua en la comunidad. Nieto explicó que esta organización surgió ante la desconfianza de los habitantes hacia JUMAPA, derivada de problemas en la socialización del proyecto en administraciones anteriores.
El funcionario subrayó que el comité no opera de manera ilegal ni impone cobros obligatorios a los ciudadanos, aunque insistió en que estos deben cumplir con el pago del servicio de agua para garantizar su operación.
Indicó que el ayuntamiento escucha las inquietudes de los tamayenses y evalúa opciones como la consulta pública y posibles modificaciones al reglamento de JUMAPA, buscando una solución consensuada y sostenible para la administración del agua. Asimismo, detalló que el gobierno municipal apoya con pipas en comunidades con pozos descompuestos y gestiona recursos para optimizar la operación hídrica.
“¿Y esto no queda en una usurpación de funciones al asumirse como cobradores, más que coadyuvar con el pago?
Pues mira, no se está haciendo un cobro coactivo a nadie, yo lo vería como si yo le pido de favor a cualquier persona que me vaya a pagar el agua a JUMAPA, no, sería oye, dile por favor a Juanito.
¿Pero están exigiendo cobros?
Bueno, una cosa es que lo que exijan el cobro y otra cosa es que tengan la facultad legal para hacer la exigencia. “
Nieto Martínez aseguró que la resolución del conflicto es prioritaria y se espera tener avances concretos en el primer año de gobierno. Destacó la importancia de homologar criterios para garantizar pozos funcionales y evitar futuras deficiencias, enfatizando que el tema será tratado con transparencia y participación ciudadana, promoviendo acuerdos que beneficien tanto a la comunidad como a la operación del servicio.
