Celaya, Guanajuato
En Celaya, el conflicto con jubilados del municipio mantiene una postura firme por parte de la administración local. Mientras no exista un sustento legal, jurídico o administrativo que justifique el pago de ahorros y otras prestaciones reclamadas, no se liberarán recursos.
Así lo confirmó el presidente municipal, al señalar que pese a las tres manifestaciones realizadas y al proceso legal en puerta. Lo prioritario es contar con la validación de la Contraloría y de la dirección jurídica.
El alcalde explicó que la instrucción es clara: revisar a detalle si el argumento de “derecho adquirido” resulta lo suficientemente sólido para sostenerse en una auditoría. Aseguró que no se pretende retirar beneficios a los trabajadores.
Advirtió que entregar dinero sin justificación puede derivar en responsabilidades legales, incluso contra los mismos jubilados. Subrayó que los pagos que sí cuentan con respaldo legal seguirán entregándose, mientras que los que carezcan de sustento se analizarán jurídicamente antes de decidir.
“Le pedí al secretario del ayuntamiento que hablara con la contralora para que vieran cuál era el sustento legal con el que le estaban pagando a estas prestaciones. Por ejemplo, ellos si se ahorraba 100 pesos, se pagaban 100 pesos el municipio. Entonces, haciendo las revisiones que tenemos que hacer, se dan cuenta que no hay sustento legal, que es lo que me platican.
Entonces, lo único que estamos haciendo nosotros es buscar el sustento legal para no tener problemas, porque si viene una auditoría, nosotros lo que nos va a pedir la auditoría es por qué nosotros estamos pagando ese dinero, cuál es el sustento legal para pagarlo.”
Juan Miguel Ramírez Sánchez, Presidente Municipal de Celaya
Ramírez Sánchez reiteró que no cederán a presiones de protesta y que la definición dependerá del marco normativo y las auditorías ya anunciadas. “El problema es el sustento legal”, enfatizó, al señalar que la revisión permitirá proteger tanto a los jubilados como a la administración.
Añadió que, en caso de que una demanda avance, el procedimiento facilitará la resolución legal y, de ser válido el derecho adquirido, el municipio procederá con los pagos correspondientes.
