Este jueves, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció sobre el bloqueo administrativo a siete personas físicas y quince empresas. Todas estaban identificadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos integrantes de una red delictiva de lavado de dinero asociada al Cártel de Sinaloa. Específicamente vinculados a la facción de “Los Mayos”.
De estas 22 cuentas de contribuyentes, se supo que estaba inmiscuida la diputada por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo. El Departamento atribuye dio protección a las actividades del cártel en el período en el que fue alcaldesa (2021-2024). También al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, extorsión, y uso de empresas para operaciones ilícitas.
También Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, quienes trabajan con Jesús González Lomelí. Este último, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) es un magnate empresarial con sede en Rosarito, Baja California. Es un operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa.
“González Lomelí, es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México. González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otros altos funcionarios del cártel, incluyendo a El Ruso”
Oficina de Control de Activos Financieros de Estados Unidos
Por su parte, la UIF anunció que investigará la información financiera de los señalados y, si encuentra elementos que lo ameriten, dará vista a la Fiscalía General de la República para posibles acciones legales. También que el bloqueo es preventivo, un bloqueo administrativo que no equivale a una condena ni implica directamente responsabilidad penal.
La diputada niega los señalamientos
Luego de que se diera a conocer la lista de los contribuyentes señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense y bloqueados por la UIF; la diputada, negó los señalamientos en su contra. A través de redes sociales mantuvo un mensaje en el que aseguró que se trata de una infamia que busca desacreditarla.
“Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme.
Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral. Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad. Seguiré trabajando para ustedes como siempre”
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