Celaya, Guanajuato
El proceso de reestructuración del gabinete municipal de Celaya aún no cuenta con una solicitud formal ante la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal. Esto pese a los anuncios hechos por la Presidencia sobre la posible desaparición o fusión de direcciones. Hasta el momento, no se ha ingresado ninguna iniciativa ni exposición de motivos que permita iniciar el análisis técnico y jurídico correspondiente.
De presentarse la intención oficial, la comisión deberá realizar un estudio detallado sobre la viabilidad de cada propuesta. Evaluando así, costos, beneficios, justificación administrativa y conveniencia para la estructura municipal. El procedimiento incluiría una revisión de los reglamentos aplicables, el impacto presupuestal y las implicaciones operativas de reubicar o absorber funciones entre dependencias, considerando incluso si la centralización de áreas resultaría eficiente o generaría nuevos gastos.
“¿En cuanto a reglamentos, ya revisado reglamentariamente con el personal que tiene en la sindicatura, cuánto tiempo podrá llevar el hacer estos movimientos cuando esta plática trascienda a dictamen?
Pues es que todavía es una, como no tenemos algo claro, no nos ha dicho algo claro de que es realmente cuáles son las que él quisiera fusionar o cuál sería la razón, nos tendría que dar alguna exposición de motivos, nosotros revisarlo y es un proceso porque hay que hacer todo un estudio de también cuánto cuesta el poder traérnosla para acá, si es viable, si no es viable, si es viable centralizarla, si es mejor meterla.
Por ejemplo, el ecoforum, si nos lo trajéramos a la parte de acá de comunicación social o desarrollo económico, también implica un costo y cuánto nos va a costar, si es viable o no es viable, entonces todavía ese proceso pues no lo tenemos porque no hay una propuesta por parte del presidente”
Javier Torres Álvarez, Sindico del Ayuntamiento de Celaya
Este análisis incrementaría la carga laboral del personal jurídico de la sindicatura, que actualmente mantiene en curso la armonización de más de ochenta reglamentos municipales.
El síndico reconoció que la intención de optimizar la administración es legítima, pero subrayó que las decisiones deberán sustentarse en estudios técnicos y en los procedimientos establecidos para garantizar que los cambios respondan al interés institucional y no afecten la funcionalidad del gobierno local.
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