Este jueves, la Cámara Alta aprobó la nueva Ley General de Aguas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha causado polémica desde que la presidenta de la república lo anunció.
Con 85 votos a favor y 36 en contra se aprobó en lo general. Luego de una discusión extensa, se aprobó en lo particular, posteriormente se envió al Ejecutivo, es decir, a la presidenta, para ser promulgado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La aprobación de este paquete legislativo se caracterizó por un proceso acelerado, denominado fast track. También, por una fuerte confrontación entre los legisladores de mayoría y la oposición. Y es que horas antes, aproximadamente a las 14:00 horas, la Cámara de Diputados aprobó esta misma Ley con 68 modificaciones.
Tras las discusiones, se aprobó la Ley General de Aguas que reforma, deroga y adiciona múltiples artículos de la Ley de Aguas Nacionales. Se modificaron 124 artículos, se añadieron 33, y se derogaron 17.
Se establece que los derechos de las concesiones y asignaciones “no serán objeto de transmisión”. Esto quiere decir que ya no se podrán vender libremente entre particulares. Solo se permitirán reasignaciones en casos de compraventa de propiedades, herencias o fusiones. También se endurecerán las sanciones, es decir, hay multas elevadas y penas que pueden alcanzar varios años de prisión a quienes cedan o transmitan concesiones de agua sin autorización o cambien el uso concedido.
Según quienes aprobaron la ley, su objetivo es garantizar el agua como un derecho humano, prevenir el acaparamiento y sobreexplotación del recurso. También, asegurar un manejo más equitativo y ordenado del agua en el país.
