La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha alcanzado su punto más alto en más de una década. Lo que comenzó como una política de sanciones económicas y presiones diplomáticas contra el régimen de Nicolás Maduro durante el mandato de Donald Trump, se ha transformado en una confrontación abierta que involucra ataques militares, recompensas millonarias y un creciente aislamiento internacional.
Recordemos que en 2020 Washington acusó al gobierno venezolano de liderar una red de narcotráfico y terrorismo, vinculada al llamado Cartel de los Soles. La administración Trump ofreció entonces una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de Nicolás Maduro.
Cinco años después, en agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos elevó esa cifra a 50 millones de dólares, según anunció la fiscal general Pam Bondi. El gobierno estadounidense justificó el incremento como parte de una nueva fase de “máxima presión” contra Caracas, con el argumento de que el régimen chavista opera como un “estado narco-terrorista”.
Washington también confiscó bienes y activos vinculados a Maduro y a su círculo cercano, valuados en más de 700 millones de dólares. Entre ellos se encontraban aeronaves privadas, vehículos de lujo y propiedades fuera del país. Paralelamente, se intensificaron las sanciones económicas y las restricciones financieras sobre altos funcionarios venezolanos.
El conflicto comenzó a escalar
En los últimos tres meses, la crisis ha adquirido un carácter militar. Estados Unidos emprendió una serie de ataques navales en el Caribe y el Atlántico, dirigidos contra embarcaciones que calificó como “narcolanchas” vinculadas al narcotráfico venezolano.
De acuerdo con reportes de los portales Reuters, The Guardian y Al Jazeera, desde septiembre se han registrado al menos 22 bombardeos a botes pesqueros o civiles, con un saldo de entre 83 y 87 personas muertas. En algunos casos, los ataques continuaron incluso después de que las embarcaciones habían sido hundidas y sus tripulantes intentaban sobrevivir, lo que ha generado denuncias de posibles crímenes de guerra.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, defendió la ofensiva argumentando que los objetivos eran “operadores del narcotráfico con vínculos terroristas”, lo que, según él, justifica el uso de la fuerza bajo un marco de “conflicto armado no internacional”.
Mientras tanto, el Pentágono mantiene un despliegue de destructores, submarinos y drones en aguas cercanas a Venezuela. Esta demostración de poder ha sido interpretada por Caracas como un intento de intimidación y una señal de que Washington podría considerar una intervención directa.
Maduro respondió
El presidente venezolano ha reaccionado endureciendo su discurso y preparando una defensa interna. Tras el anuncio de la recompensa, Nicolás Maduro calificó las acciones estadounidenses como “una agresión imperial” y una “burda operación de propaganda política”.
A finales de noviembre, Maduro anunció “jornadas de alistamiento nacional”. Convocó a millones de ciudadanos a sumarse a la Milicia Bolivariana para “defender la soberanía y la dignidad de Venezuela”. En un discurso emitido el 1 de diciembre, el mandatario aseguró que “el pueblo venezolano no permitirá jamás una invasión extranjera” y acusó a Washington de intentar justificar un golpe militar o un bloqueo total.
En el plano internacional, Caracas ha buscado apoyo diplomático de aliados como Rusia, China e Irán. Ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas intervenir frente a lo que considera una violación flagrante de su soberanía territorial. También, ha minimizado las acusaciones de narcotráfico como fabricadas o exageradas, insistiendo en su narrativa de soberanía, dignidad nacional y resistencia frente a lo que considera una amenaza imperialista.
Es inaceptable: ONU
Las acciones estadounidenses han despertado alarma en la comunidad internacional. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU calificó los bombardeos como “inaceptables”, advirtiendo que podrían constituir violaciones al derecho internacional humanitario y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Juristas y expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de los ataques, argumentando que el narcotráfico, aunque grave, no constituye un conflicto armado. Por lo tanto, no autoriza el uso indiscriminado de fuerza letal.
En Venezuela, la Asamblea Nacional, formó una comisión para investigar los bombardeos y recopilar pruebas para presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional.
En contraste, algunos gobiernos latinoamericanos han mantenido una postura ambigua. Mientras México y Brasil pidieron “respeto al derecho internacional y solución diplomática”, otros países guardaron silencio ante el temor de afectar sus relaciones con Washington.
Siguieron los ataques a buques
Este 4 de diciembre, ocurrió un nuevo ataque del ejército de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental. Causó la muerte de cuatro personas. Así informaron autoridades estadounidenses.
El ataque, con el que el número de muertos sube a 87 por este tipo de ofensiva en el Pacífico y el Caribe, tenía como objetivo una "embarcación en aguas internacionales operada por una organización designada terrorista".
"Los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental. Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron"
Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.
