Celaya, Guanajuato
Las obras detenidas por amenazas y extorsión tendrán vigilancia permanente de la Guardia Nacional y la SEDENA para que puedan continuar y terminen sus trabajos este año. Así lo señaló el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez.
El alcalde informó que hay alrededor de 10 denuncias presentadas por extorsión en obras públicas que se realizan en el municipio. Algunas de ellas ya se han reactivado y otras están por reiniciar los trabajos tras el acuerdo de mantener protección permanente en el sitio.
“Algunas que ya están. La mayoría tienen que terminar en este año, pero este año se termina en 10-15 días, entonces se ha determinado darle seguridad. Hoy el general responsable de la fuerza de Celaya nos va a dar más apoyo y también Guardia Nacional y vamos a tener personas ahí de la Guardia Nacional y de Sedena y de la policía, menos, pero también vamos a tener para que terminen las obras”
Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal
El presidente afirmó que ningún constructor ha perdido dinero ante estas amenazas. Se aseguró que los proyectos se llevarán a cabo en tiempo y en caso de que el tiempo que se detuvieron afectó, ya se cuenta con una prórroga de parte de la Secretaría del Nuevo Comienzo.
“Desde un principio yo les platiqué cuando empezaron este tipo especial de extorsión, no han dado nadie dinero. Cuando empezaron este le pedí yo a la gobernadora la última vez que estuvo aquí que nos ayudara, que nos ayudara en que se pueden atrasar las obras y no queremos lo que nos pasó este año, que una obra la tuvimos que terminar nosotros, con los recursos de nosotros porque nos lo quitó el gobierno del estado”
Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal
En cuanto a las investigaciones, el edil señaló que el equipo antiextorsión fue reforzado para su actuación en Celaya y aseguró que la Fiscalía tiene avances importantes en el tema.
Ramírez Sánchez aseguró que el municipio no ha recibido reportes de extorsión en otros sectores económicos. También dijo que él no se ha reunido formalmente con los constructores, pero que recibe quejas directamente y las canaliza de inmediato a Seguridad Pública.
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