A más de seis años de distancia de decomisar mercancía, por un valor de varios miles de pesos, a un grupo de tres comerciantes que laboran en las calles de la zona centro, la Dirección de Fiscalización se niega a devolver los productos y ha ignorado órdenes de instancias federales.
Joan Carlos Salinas, abogado defensor de los comerciantes, aseguró que el actuar y desempeño de las autoridades municipales, los llevó a buscar el amparo de la justicia federal, que cobró efectos el pasado 27 de febrero.
“Se llega el 27 de enero, no cumplen, el juez, les otorga prorroga de 72 horas, no cumplen, les otorga otra prorroga de 72 horas, tampoco cumplen. Después, eh, les otorga una prorroga de cinco días, es la tercer prorroga de cinco días, tampoco cumplen y entonces, procedemos a irnos a una queja de incumplimiento de sentencia, el juez segundo de Distrito, Reynaldo Piñón nos resuelve favorablemente”.
Joan Carlos Salinas, abogado defensor
Explicó que el pasado 6 de abril, el juez les volvió a dar la razón a ellos y se ha pedido a la instancia de fiscalización del municipio regresarles su mercancía, pero se sigue negando.
El abogado lamentó que las instancias que deben dar ejemplo de cumplir con la ley sean las primeras en no acatarla. Que en lugar de mostrar madurez y sujetarse a las normas, solo busquen imponer su criterio.
“Fiscalización en las últimas actuaciones del amparo del 1814, después quiere desconocer un acto que ya está totalmente acreditado, nos dice: es que no les voy a dar inventario porque no acredita la propiedad, cuando en actuaciones posteriores, ya se había acreditado totalmente, incluso le juez federal, Reynaldo Piñón, aquí en la misma cuenta del 6 de abril del 2026, les dice, una partecita, en otro orden no se inadvierte que la autoridad aduzca que los quejosos no acreditaron la propiedad de la mercancía resguardada, ya que con ello pretende desconocer una circunstancia que no patentizó en oficios”.
Joan Carlos Salinas, abogado defensor
Los comerciantes dejaron en claro que no buscan ninguna disputa con las autoridades municipales y solo que les devuelvan sus productos, que se valuaron, a los precios actuales, en 500 mil pesos.