En lo que se perfila como el mayor escándalo de corrupción de la actual administración neoleonesa, la Fiscalía General de la República (FGR) puso bajo la lupa al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.
Las autoridades investigan una sofisticada arquitectura financiera diseñada, presuntamente, para el lavado de dinero y el desvío sistemático de recursos públicos.
La investigación federal apunta a un desfalco que supera los 1,000 millones de pesos. Según las carpetas de investigación actualizadas al 30 de abril, estos recursos no solo se sustrajeron del presupuesto estatal, sino que forman parte de una red de triangulación que involucra directamente a la familia del mandatario.
El “Modus Operandi”
El esquema detectado por la FGR revela una operación de “triangulación perfecta”:
Según la investigación, tendría origen a través de fondos provenientes de dependencias estatales y contratistas del gobierno. El dinero era enviado a la empresa Firma Jurídica y Fiscal S.C., el despacho de abogados propiedad de la familia García.
Los recursos terminaban en cuentas en el extranjero o eran utilizados para el enriquecimiento y beneficio directo del círculo familiar.
¿Un negocio familiar?
La indagatoria no se detiene en el gobernador. La FGR ha extendido el cerco legal hacia:
- Samuel Orlando García Mascorro (Padre del gobernador).
- Samuel Orlando García Villarreal (Medio hermano).
Ambos son señalados como piezas clave en la operación del despacho jurídico que sirvió de fachada para legitimar los recursos de procedencia ilícita.
A pesar de la gravedad de las imputaciones, Samuel García ha optado por la evasión mediática. Mientras el expediente en su contra se robustece, el mandatario ha mantenido su agenda pública, enfocándose en la supervisión de obras como el monorriel de Nuevo León, evitando cualquier pronunciamiento directo sobre la investigación que podría poner fin a su carrera política y llevarlo ante un juez federal.