El escenario político y judicial de Sinaloa sufrió un quiebre de proporciones internacionales este fin de semana. La estructura de la administración estatal se encuentra bajo un intenso escrutinio tras confirmarse que dos figuras clave del entorno del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, decidieron someterse voluntariamente a la justicia norteamericana.
Se trata de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, quien hasta hace poco fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Ambos se trasladaron por su propia cuenta a los Estados Unidos para ponerse a disposición de las autoridades federales. Los exfuncionarios optaron por negociar su entrega directa antes de que se formalizara cualquier orden de captura en territorio nacional o se diera un proceso de extradición forzada.
Tanto Díaz Vega como el general Mérida Sánchez ya se encuentran bajo la custodia del Departamento de Justicia estadounidense, donde enfrentan cargos graves relacionados con conspiración y presuntos vínculos con el narcotráfico. La entrega voluntaria sugiere un acuerdo de colaboración técnica con las agencias norteamericanas, lo que podría derivar en la revelación de mecanismos de financiamiento y protección institucional en el noroeste de México durante los últimos años.
Los diez funcionarios señalados por Washington
La caída de Díaz Vega y Mérida Sánchez es solo el inicio de un proceso judicial más amplio, ya que ambos forman parte de un grupo de diez servidores públicos de Sinaloa ubicados en la mira de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La lista negra elaborada por los fiscales federales estadounidenses incluye a mandos policiacos en funciones, operadores financieros de la estructura estatal y personal de nivel medio dentro de las fiscalías locales.
A todos ellos se les imputa haber facilitado operaciones logísticas, lavado de dinero o haber brindado protección a los cárteles que operan en la región. Las investigaciones en curso apuntan a que la red de complicidades no era un esfuerzo aislado, sino un esquema estructurado que permitía el uso de recursos públicos y el control territorial a cambio de beneficios económicos, lo que mantiene en alerta al resto de los funcionarios implicados que aún permanecen en el país.
- Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano; exsecretario general de Sinaloa.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
- Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
Fernández Noroña critica la inacción del gabinete de seguridad
La salida sin obstáculos de los exfuncionarios sinaloenses provocó una reacción inmediata y de profunda molestia dentro del propio bloque oficialista.
El Senador Gerardo Fernández Noroña, lanzó una dura crítica contra el gabinete de seguridad federal por haber permitido que dos personajes con ese nivel de información abandonaran el territorio mexicano para entregarse a una potencia extranjera.
El legislador calificó la situación como una omisión inaceptable y una vulneración a la soberanía jurídica de México, señalando que las alertas migratorias y las dependencias de inteligencia nacional debieron actuar con anticipación para evitar que el control del caso quedara enteramente en manos de los tribunales estadounidenses.
“El Gabinete de Seguridad, más allá de la posición correcta de pedir que entreguen pruebas de lo que están aseverando, debería tener bajo resguardo, vigilancia y ciertas limitaciones de movilidad a estas personas”
Para Fernández Noroña, el hecho de que exsecretarios de Estado puedan viajar y negociar por su cuenta con agencias externas evidencia una falta de supervisión y de firmeza por parte de las instituciones encargadas de la procuración de justicia en el país.
¿Cómo es posible que no se le dé la dimensión de la gravedad al tema? Una cosa es que nosotros estemos correctamente diciendo ‘verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional’, y otra cosa es que actuemos con una ligereza en cuanto a la ubicación de las personas señaladas. ¡No puede ser! ¿En qué están pensando?