Luisa María Alcalde, consejera jurídica del ejecutivo federal, presentó la iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un organismo que buscaría detectar posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada.
En la propuesta, se plantea que dicha comisión dependa del Instituto Nacional Electoral, integrada por 5 consejeros electorales designados por un periodo de tres años y que funcione como enlace entre los partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
“Los partidos políticos entregan voluntariamente a la comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. La comisión consulta con las diferentes dependencias, con la UIF, con la CNBB, con CNI y con la Fiscalía General de la República. Estas autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable.”
LUISA MARÍA ALCALDE, Consejera Jurídica
Sería un mecanismo voluntario para los partidos políticos para verificar si existe un “riesgo razonable” de vínculos con actividades ilícitas, detallando que las dependencias únicamente informarían si existen o no riesgos, sin revelar detalles.
“La comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo. Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura. De encontrar información relevante, las instituciones, de acuerdo a sus atribuciones, continuarán con las investigaciones correspondientes.”
LUISA MARÍA ALCALDE, Consejera Jurídica
Con lo que cada partido podrá decidir si mantiene o no la candidatura y se busca prevenir que personas vinculadas con redes delictivas lleguen al poder.