La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves en el Estado de México a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero. Enfrenta cargos por desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Su captura deriva de un “reanálisis profundo y exhaustivo” realizado bajo el nuevo modelo de investigación de la FGR. La fiscal general, Ernestina Godoy, reveló que existen pruebas para sostener que Aguirre instruyó directamente el ocultamiento y la destrucción de evidencias clave.
“La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”
Ernestina Godoy a través de un comunicado en redes sociales
Los videos desaparecidos
El foco principal de la acusación son las videograbaciones de las cámaras 12 y 15 ubicadas al exterior del Palacio de Justicia de Iguala. Estos videos captaron el momento en que interceptaron el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de estudiantes. Acto seguido, lo cercaron patrullas municipales y estatales la noche del 26 de septiembre de 2014.
Aunque inicialmente se alegaron “fallas técnicas” para negar la existencia del material, testimonios de testigos protegidos recabados en 2026 confirmaron que las grabaciones fueron sustraídas y entregadas personalmente a Aguirre tras una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno.
Cerca de la justicia tras 12 años
La detención de Aguirre llega poco más de un mes de cumplirse el 12.º aniversario de la tragedia. Los padres de los 43 normalistas reaccionaron positivamente a la captura, señalando que siempre han sostenido la responsabilidad del exgobernador en los hechos. Sin embargo, mantienen la incertidumbre sobre si Aguirre romperá el pacto de silencio para revelar el paradero final de los jóvenes.
El exmandatario, que renunció a su cargo en octubre de 2014 bajo una intensa presión social, es el segundo funcionario de más alto rango detenido por este caso, después del exprocurador Jesús Murillo Karam.
Con esta detención, la FGR sostiene que el ocultamiento de las pruebas no fue una omisión técnica, sino una operación deliberada y estructurada desde el poder ejecutivo estatal para impedir que se conociera la verdad sobre el destino de los estudiantes.
