En un giro determinante para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas.
La resolución, dictada la madrugada de este miércoles 12 de agosto, ratifica la medida de prisión preventiva oficiosa. El exmandatario permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Ocultamiento de pruebas y destrucción de videos
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Aguirre, en su calidad de servidor público, ocultó información y evidencias cruciales relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. El punto central de la imputación es la presunta orden de destruir grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
Según testimonios integrados en la investigación, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, entregó al entonces gobernador un sobre con los discos que registraron el paso de los autobuses y la intervención de grupos armados. La FGR acusa a Aguirre de recibir este material el 29 de septiembre de 2014 para posteriormente ordenar su eliminación.
La defensa de Aguirre
Durante una audiencia que se prolongó por más de 15 horas, la defensa de Aguirre presentó 31 datos de prueba para intentar desacreditar la versión de la Fiscalía.
El argumento principal de sus abogados es una incompatibilidad cronológica. Sostienen que el exgobernador no pudo recibir los videos en Chilpancingo porque ese día se encontraba en la Ciudad de México reunido con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Testigos presentados por la defensa, como el exsecretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo y el excoordinador de Seguridad Aérea Felipe Ornelas Rebollo, declararon que Aguirre estuvo en un inmueble de Polanco hasta pasadas las 19:00 horas. También que llegó a la capital guerrerense cerca de las 23:00 horas, lo que contradiría el horario de la supuesta entrega de los videos. No obstante, el juez consideró insuficientes estos elementos para frenar el proceso penal.
“Cárcel de por vida” piden las familias
Mientras la batalla legal se desarrolla en los tribunales, los padres y madres de los 43 normalistas mantienen su exigencia de justicia. En mítines recientes en Chilpancingo, señalaron a Aguirre como uno de los responsables de lo que consideran un crimen de Estado.
“Esperemos que esté en la cárcel, que diga la verdad y pague por el dolor”, expresó el vocero Melitón Ortega.
Los familiares señalan que la detención de Aguirre debe servir para romper décadas de impunidad en un estado marcado por la violencia política. Además de Aguirre, exigen que se castigue a otros funcionarios estatales que habrían participado en el encubrimiento.
