La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo la firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto presidencial que obliga a las plataformas digitales que operan en México a restringir, retirar e impedir la exposición de contenidos nocivos a niños y adolescentes.
La medida se presentó en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y establece prohibiciones explícitas para que las redes sociales y servicios digitales no permitan el acceso, difusión o recomendación a menores de edad de publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento, abuso, entre otros tipos de contenido.
“Bueno, el decreto, como lo hemos señalado, tiene que ver con garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes. Adelante. Primero, el fundamento en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el artículo 101 bis 3, establece que el Estado garantizará el acceso y uso seguro del Internet, promoviendo políticas de prevención, protección, atención y sanción del ciberacoso y de todas las formas de violencia que causen daño a su intimidad, privacidad, seguridad y/o dignidad realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, sin afectar los derechos previstos en esta ley.”
LUISA MARÍA ALCALDE, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal
Durante la presentación, Luisa María Alcalde, consejera jurídica del ejecutivo federal, destacó que durante la segunda reunión con representantes de diferentes plataformas digitales, mostraron disponibilidad para adaptar sus algoritmos a las nuevas disposiciones.
“En todos los casos, ya las plataformas hoy identifican y retiran contenidos para niñas, niños y adolescentes. Estuvieron presentes, entre otros, Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei. Entonces, importante, ellos les dimos a conocer el decreto y establecimos también un plazo para la implementación que se estableció en un mes a partir de la entrada en vigor.”
LUISA MARÍA ALCALDE, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal
Además, autoridades advirtieron que este primer paso es de carácter obligatorio, no punitivo, aunque se pretende enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para establecer un marco de sanciones severas y multas económicas contra las corporaciones tecnológicas que permitan la vulneración de la niñez.