César Jáuregui enfrenta hoy al juez por el caso CIA. La Fiscalía estatal lo acusa de abuso de funciones, la FGR de traición a la patria, y militantes panistas señalan a la gobernadora como responsable de su detención.
El 15 de octubre, Maru Campos dijo sobre César Jáuregui, su exfiscal general, que él y otros en la Fiscalía actuaron “por la libre” y que eso “no se puede perdonar”. El sábado 17, la Fiscalía de su propio gobierno lo detuvo en la capital del estado. Horas después, la FGR anunció una segunda orden de aprehensión en su contra, por traición a la patria.
¿Cómo pasó Jáuregui de hombre de confianza a principal señalado? La respuesta está en las propias palabras de la gobernadora.
Abril: primero negar
Entre el 17 y el 19 de abril se realizó un operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, en el municipio de Morelos. Al regreso, un accidente mató a cuatro personas: dos agentes estatales y dos agentes de la CIA.
El gobierno de Campos negó inicialmente que hubiera participado personal de la CIA. Abrió una investigación hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. El 27 de abril, Jáuregui renunció. Reconoció solo “omisiones en la información y gestión institucional”.
Mayo: defender el operativo, deslindarse de la CIA
El 12 de mayo, Campos defendió el operativo con el argumento de que evitó que millones de dosis de droga llegaran a jóvenes y familias. En el mismo mensaje trazó su línea de defensa, pues aseguró que en ningún momento gestionó, autorizó ni supo de la presencia de extranjeros.
Ese mismo día, la investigación interna reveló que los estadounidenses convivían de manera informal con funcionarios y comandantes de la Fiscalía desde meses antes del operativo. Después, la gobernadora se negó a aportar información a la FGR, argumentando la protección de su cargo, y acusó persecución política.
Octubre: dejarlo caer
Esta semana el discurso cambió. Ya no se trataba de omisiones, sino de alguien que decidió solo. Tres días después, el juez Luis Alberto Simental Ortega ordenó detener a Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Gilberto Loya, encargado de la Fiscalía estatal, lo justificó así: “Un buen resultado no justifica violar la ley”. Aclaró que la investigación no desconoce los resultados del operativo y que busca determinar si hubo fallas en la cadena de mando o violaciones a los protocolos.
La misma orden incluye a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, quien sigue prófugo.
Versiones que ya no cuadran y el PAN partido en dos
Mientras la gobernadora asegura que no sabía nada, Jáuregui defiende cada decisión. En un video publicado tras la orden de aprehensión, afirmó que no lo van a doblar y que volvería a combatir al narco como en El Pinal.
El 10 de octubre, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, respaldó a Campos en Chihuahua y aseguró que el estado ha estado “bajo acecho” del gobierno federal. Hoy, ni la dirigencia nacional ni la estatal se han pronunciado sobre la detención.
Quienes sí hablaron fueron los militantes. Decenas de panistas se manifestaron afuera del Tribunal con la consigna “¡Maru escucha, el PAN está en la lucha!”. Juan Blanco Zaldívar, exalcalde y coordinador del proyecto de Jáuregui, lo llamó “preso político” y describió el caso como un asunto “del PAN contra el PAN”.
Su abogado, Luis Villegas, lo calificó de maniobra política para frenar su aspiración a la alcaldía de Chihuahua capital. Apenas un día antes de la detención, el CEN panista había confirmado que Jáuregui seguía en la contienda interna, junto a Santiago de la Peña.
Desde Morena, Citlalli Hernández advirtió que la detención no puede servir para cerrar el caso ni para proteger a la gobernadora, y le exigió explicar qué sabía.
¿Qué está en puerta?
La audiencia inicial, aplazada el sábado a petición de la defensa, se reanudó este domingo. El Ministerio Público pidió que fuera privada por motivos de “seguridad nacional”, pero el juez lo rechazó. Consideró que, al tratarse de una figura pública, deben prevalecer la transparencia y la libertad de prensa. La Fiscalía entregó además un sobre sellado con información confidencial.
En esta audiencia se formularán los cargos y se discutirán las medidas cautelares. La defensa rechaza la prisión preventiva. En paralelo, sigue pendiente la orden federal por traición a la patria.
La detención no implica una condena. Pero deja abierta la pregunta que ni la gobernadora ni su exfiscal han respondido, si nadie autorizó a la CIA, ¿quién la dejó entrar?