Celaya, Guanajuato
Las resoluciones en torno a las prestaciones de jubilados y pensionados de Celaya permanecen en pausa debido a la falta de información clave por parte de la Oficialía Mayor. En la última sesión de la Comisión de Recursos Humanos, se determinó posponer cualquier dictamen hasta contar con documentos completos que permitan un análisis integral.
Entre los datos requeridos se incluyen
- Años de ingreso y jubilación
- Dictámenes individuales
- Análisis del capítulo 1000
- Histórico de pagos
- Proyecciones financieras
- Recomendaciones emitidas por despachos o instancias externas
La comisión subrayó que las decisiones de suspender prestaciones se tomaron sin un sustento formal ni claridad sobre quién recomendó tales medidas, lo que fue calificado como un desacierto. La regiduría sostuvo que resulta indispensable conocer los fundamentos legales y económicos de cada acción, pues se trata de recursos públicos y derechos adquiridos.
La ausencia de transparencia, los vacíos de información y la falta de planeación fueron señalados como factores que complican la resolución, advirtiendo además que la Oficialía podría estar rebasando sus facultades al actuar sin autorización del Ayuntamiento.
“No tengo un análisis integral para yo hablar o para yo tomar una decisión. Creo que es importante tener información, sin embargo, el planteamiento de la oficialía es que todavía no terminan con los análisis, que todavía no terminan con acomodar esa información que es necesaria y que por eso no pudo llegar a mi oficina.
Justo en ese sentido, regidora, ¿Qué opinión le merece que, sin contar con la información completa, la oficialía tome la determinación de pausar, le llaman ellos, estas prestaciones a los jubilados, en lugar de primero contar con el análisis y después tomar una decisión?
Sí, creo que ese es un punto muy importante y por eso es que fuimos insistentes también en el tema del documento que ellos dicen que recibieron y que atiende, por una parte, al gobierno del Estado”
Con 586 jubilados identificados y un presupuesto que ronda los 100 millones de pesos, la situación continúa sin resolverse. Mientras no se entregue la documentación solicitada, no habrá avances en la comisión, manteniendo en incertidumbre a los beneficiarios.
Las responsabilidades recaen en la Oficialía Mayor, que aún no presenta un análisis formal ni una propuesta clara, lo que prolonga la espera y mantiene en pausa la definición del futuro de las prestaciones.
