Celaya, Guanajuato
La controversia entre el municipio de Celaya y los jubilados y pensionados sigue en un punto crítico tras las negociaciones fallidas y la mediación infructuosa del subsecretario de Gobierno.
El tema central se concentra en que las prestaciones otorgadas durante años carecen de uniformidad y sustento lega. Esto impide homologarlas sin poner en riesgo las finanzas públicas. Con un gasto cercano a los 100 millones de pesos, el futuro de estas erogaciones compromete la viabilidad de la hacienda municipal.
Ante este panorama, se plantearon dos rutas como único desenlace posible
- Negociar bajo términos legales, con ajustes para ambas partes
- Que los jubilados recurran a la vía judicial.
En caso de demandas, cada situación se atendería individualmente conforme a dictámenes, contratos colectivos y justificación jurídica, sin defensa legal del municipio, pero que el presidente sentenció que los quejosos perderían.
Esto permitiría corregir irregularidades heredadas y garantizar certeza jurídica hacia adelante, aunque implique procesos largos y la suspensión de beneficios que carezcan de respaldo.
“Entonces, lo que yo les digo es que nosotros por presiones no. El otro año nosotros tenemos que ser consecuentes. No les vamos a dar el dinero y vamos a empezar nosotros a actuar como están las cosas. Entonces ellos nos tienen que demandar.
Ahora sí, porque no les vamos. Si no tienen derecho a ninguna prestación, no les vamos a dar ninguna prestación a partir de enero del otro año. Si tienen derecho a ciertas prestaciones, les vamos a dar estas prestaciones.
Si tienen derecho a todas las prestaciones, les vamos a dar todas las prestaciones. Dependiendo el caso. Y lo vamos a hacer a partir de enero.
¿Es decir, hasta finales de año se mantiene la situación como está?
Juan Miguel Ramírez Sánchez, Presidente Municipal de Celaya
Sí, se mantiene la situación. Y a partir de enero, en sus salarios, ellos ya van a ver lo que les corresponde por ley. Por ley, lo que les corresponde. Y ya no hay negociación porque a partir de enero, ¿cómo vamos a negociar? Ya hay otra cosa.”
Los representantes de los jubilados, sin embargo, se han mostrado firmes en exigir la continuidad de las prestaciones bajo presión y sin judicializar el conflicto. Esta postura coloca al municipio en la disyuntiva de no ceder recursos sin sustento legal. Esto comprometería la transparencia y los intereses de la ciudadanía.
Con los canales de diálogo agotados y el inicio del próximo año como plazo límite, la resolución apunta a que solo el marco legal definirá qué prestaciones permanecerán y cuáles se extinguirán, marcando un cierre definitivo a este conflicto que por años se ha replicado en cada administración.
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