Celaya, Guanajuato
El prolongado conflicto entre las dos asociaciones de jubilados y pensionados del Municipio de Celaya, que desde hace dos meses mantienen un plantón en el patio de la presidencia municipal, se abordó con contundencia por el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien expuso la complejidad jurídica, administrativa y política que rodea el caso.
Señaló que el discurso de los manifestantes ha cambiado con el tiempo. Inicialmente, exigían respeto a la ley, después reclamaron derechos presuntamente adquiridos sin sustento jurídico, y finalmente no han presentado demandas formales.
Este viraje, afirmó, ha dejado en evidencia inconsistencias en sus argumentos, en los dictámenes de jubilación y en la aplicación de prestaciones que carecen de justificación legal o respaldo en el reglamento.
No todos tienen derecho
El presidente municipal explicó que la investigación del gobierno local reveló que no todos los jubilados tienen derecho a las prestaciones reclamadas. Solo el sindicato de Obras las contempla en su contrato colectivo, mientras que el administrativo no.
También se detectaron pagos irregulares derivados de modificaciones no autorizadas en nóminas anteriores. Esto amplió el conflicto y obligó a canalizar el caso a instancias como la Procuraduría Fiscal del Estado y el Tribunal Laboral.
Aclaró que no habrá negociación extrajudicial, ni pagos de aguinaldo, canasta o seguros a quienes no acrediten legalmente ese derecho, enfatizando que cualquier resolución deberá provenir de los juzgados.
“Los que en el Sindicato de Obras tienen, ellos tienen, no tienen problema, se les va a pagar como siempre, se les va a dar todo, todo. Los que no tienen eso y no tenemos nosotros una justificación, nosotros no les vamos a pagar. Entonces ellos tendrán que demandarnos hoy o mañana.
¿Y qué esperaría de esos juicios? ¿Que se resolvieran a favor de quién?
Juan Miguel Ramírez Sánchez, Presidente Municipal de Celaya
Pues nosotros esperamos que se resuelvan a favor de la ley. O sea, que la ley determine, si la ley nos dice que hay que hacer esto, nosotros no vamos a, ya ven que hay una cosa que se llama primera instancia, segunda instancia. Si nos gana la gente, les vamos a pagar. Si pierden, no les vamos a pagar.”
Ramírez Sánchez sostuvo que el gobierno municipal agotó todas las vías de diálogo y que, aunque respeta el derecho de manifestación, no cederá ante presiones. Rechazó actuar con sentimentalismo, advirtiendo que las prestaciones sin sustento representan más de 100 millones de pesos anuales que afectarían la estabilidad financiera del municipio.
Subrayó que la postura oficial es firme, basada en la legalidad y la responsabilidad con los recursos públicos. Advirtió que el trasfondo del conflicto podría tener componentes políticos, aunque, dijo, la mayoría de los jubilados son personas de buena fe.
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