Celaya, Guanajuato
En el primer cuadro de la ciudad se detectó una red de presunta explotación e incluso trata de menores, vinculada a la venta ambulante de hierbas, remedios y tés por parte de personas foráneas, en su mayoría de origen indígena, quienes se han concentrado en el corazón del centro histórico. La presencia de este grupo ha incrementado de manera visible por la temporada, lo que encendió alertas entre personal de la Dirección de Fiscalización al identificar a numerosos menores acompañando estas actividades comerciales.
Durante las entrevistas realizadas a los niños y adolescentes, se detectó que en muchos casos no reconocen como padres a los adultos con los que se encuentran y refieren haber llegado desde la Sierra de Guerrero, la Sierra Gorda de Querétaro, el Estado de México y otros puntos del país. Esta situación fortaleció la sospecha de que podrían utilizarlos o incluso “rentándolos” para acompañar las ventas, lo que configuraría un escenario de explotación infantil en plena vía pública.
“Lo que valdría la pena y bien comentaste es reactivar el protocolo sobre la actuación que debe de haber respetado el derecho de los niños, niñas y adolescentes, porque todas estas personas traen menores de edad. Nosotros hemos detectado que los menores ni siquiera están con sus padres, que en muchos de los casos son rentados, que los traen de la Sierra Gorda de Querétaro, que los traen de Guerrero, que los traen del Estado de México y aquí los están explotando, entonces valdría la pena hacer algo al respecto.
Entonces digamos que hay una tolerancia social a la práctica, pero no al tema de los menores. Sí, claro, nosotros tenemos que apoyarlos como ser humano, como personas, pero sí es preocupante que haya tanto menor en temas de comercio en vía pública. La situación es compleja, existe un protocolo ya de actuación que tiene que participar Fiscalía…”
Eduardo Griss Kauffman, Director de Fiscalización de Celaya
Ante este panorama, se urgió la activación de los protocolos correspondientes con la participación del DIF, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fiscalía General del Estado, al tratarse de un posible delito que vulnera gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Si bien se reconoció que se trata de una práctica comercial de muy bajo ingreso y que existe una “tolerancia social” hacia estas personas por su condición vulnerable. Se subrayó que cualquier forma de explotación infantil es inaceptable y debe atenderse de manera inmediata y coordinarse por las autoridades.