Guanajuato
La decisión de algunas instancias de gobierno, en especial alcaldes que se niegan a cumplir y atender las recomendaciones que hace la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) demuestra que hace falta una norma que les finque responsabilidades administrativas.
Así lo consideró el titular de PRODHEG, Vicente Esqueda Méndez al señalar que la legislación vigente en la materia en el Estado de Guanajuato permite a autoridades municipales no cumplir las recomendaciones al ser señaladas por violaciones a los derechos humanos.
Explicó que el caso más evidente de esta falta a las instituciones y recomendaciones por daños a los derechos elementales de las personas fue el del alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, quien fue acusado por violentar a una regidora en el Ayuntamiento de esa localidad.
Esqueda Méndez señaló que ese tipo de faltas ocasionan un deterioro a los avances y reconocimiento social que han tenido los Derechos Humanos y generan una situación donde la autoridad municipal afecta el cumplimiento de la norma.
Expresó que este es un tema que debe tener en cuenta el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para evitar los abusos y violaciones a los derechos humanos, por parte de autoridades locales.
Consideró que el hecho que una autoridad municipal no acepte las recomendaciones y no les dé cumplimiento es una muestra que puede haber un deterioro desde el mismo gobierno, cuando es el primer obligado en cumplirlas.
