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GP PAN no ha definido postura ante notificación de la Suprema Corte

Por Osvaldo García
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Guanajuato

La notificación que el pasado mes de diciembre de 2025 emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar del código penal estatal, las sanciones penales contra la interrupción legal del embarazo, aún no las analiza el Grupo Parlamentario del PAN (GP PAN) en el congreso del estado, que tampoco ha definido una postura aseguró la diputada, Susana Bernúdez Cano.

“En la Comisión de Justicia se deberá de hacer el análisis, debido a que ahí les corresponde. Como grupo parlamentario de Acción Nacional no hemos tenido todavía una definición de lo que se va a realizar”.

Diputada, Susana Bermúdez Cano

El GP PAN es la fuerza política mayoritaria en el congreso del estado. De ahí la importancia sobre la definición de la postura que deberán acordar, aunque al ser una decisión de la corte la notificación para eliminar el castigo por aborto tendrá que acatarse.

El congreso del estado tiene un plazo de 90 días hábiles para lograr el acuerdo correspondiente y deberá ser en sesión del pleno que se atienda este tema. Por lo que, la definición podría prolongarse hasta el mes de junio, si se toma en cuenta que el segundo periodo ordinario de sesiones comienza el próximo 15 de febrero.

Bermúdez Cano dejó el claro que de cualquier manera el poder legislativo estatal deberá realizar la reforma a que haya lugar y aunque no hay una definición por parte de sus compañeros de bancada, se tendrá que tomar.

“Yo creo que definitivamente se tiene que analizar una reforma, eh, porque n o puede quedar inaplicable por el tema que hemos discutido mucho y que creo que es el eje central, el tema de no permitir que ningún tercero obligue a una mujer a abortar, que no haya falsas informaciones, que exista pues esta garantía de investigar para sancionar a aquella persona que realice estos actos”.

Diputada, Susana Bermúdez Cano

Se espera que la próxima semana en sesión de la comisión de justicia se radique la petición de la corte, con lo cual se inicia el proceso parlamentario para eliminar los castigos penales por la interrupción del embarazo.

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