Guanajuato
Todas y cada una de las unidades que brindan el transporte urbano en la ciudad no cuentan con concesiones. Las que tienen en su poder transportistas carecen de valor jurídico, por lo que el servicio, además de ineficiente, se presta sin sustento jurídico alguno, aseguró el presidente de la comisión de seguridad y transporte del ayuntamiento, Daniel Barrera Vázquez.
“El Ayuntamiento históricamente en Guanajuato nunca ha entregado concesiones de transporte público. Las concesiones, que en su momento les fueron otorgadas a los transportistas de Guanajuato fueron concesiones estatales, mismas que ya fenecieron que no tienen ningún valor jurídico”.
Regidor, Daniel Barrera Vázquez, presidente de la Comisión de Seguridad y Transporte del Ayuntamiento
Explicó que los transportistas brindan un servicio que carece de sustento legal y por eso las autoridades iniciaron el proceso de regularización de los títulos, el pasado mes de noviembre de 2025 y en el cual participaron 400 personas y empresas interesadas en obtener alguna concesión.
Sin embargo, y pese a que los transportistas de Guanajuato, caso concreto, la empresa Ávalos, entró al proceso, se inconformó y se amparó ante las autoridades federales, lo que mantiene suspendido el proceso de manera indefinida.
Mientras eso ocurre, los más de 80 mil usuarios del transporte urbano en la ciudad, que todos los días hacen uso de los camiones, padecen un servicio de mala calidad, deficiente y sin respaldo jurídico alguno.
“Más, sin embargo, muy lamentable, ellos, los transportistas tradicionales de Guanajuato que venían por muchos años prestando el servicio, se inscriben y presentan los documentos, pero al mismo tiempo demandan el amparo de la justicia federal para detener el proceso. Un proceso que es en beneficio de la población y claramente, pues detienen el proceso y dañan el servicio público de transporte”.
Regidor, Daniel Barrera Vázquez, presidente de la Comisión de Seguridad y Transporte del Ayuntamiento
El regidor señaló que de parte de las autoridades se busca poner fin a esta situación y beneficiar a los usuarios, pero la decisión de los dueños de los camiones, una vez afecta a la población, que hace uso de un sistema que no les ofrece las garantías necesarias.