El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este 17 de diciembre sanciones financieras contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder histórico José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. Los responsabilizan de la gestión de una vasta red de robo y contrabando de combustible. También los señalan por contribuir a un mercado negro transfronterizo que afecta a empresas energéticas estadounidenses y al erario mexicano.
El comunicado oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señala que todos los bienes, ingresos o intereses vinculados al CSRL y a El Marro en territorio estadounidense quedan bloqueados. Cualquier transacción financiera con ciudadanos o entidades de ese país queda prohibida salvo autorización expresa.
Empresas o personas que posean directa o indirectamente (50% o más) activos del grupo sancionado o de su líder también se consideran bloqueadas automáticamente.
La OFAC señala que las actividades del CSRL no solo socavan a compañías estadounidenses legítimas del sector energético. También privan al gobierno mexicano de ingresos críticos por venta y distribución de hidrocarburos. Especialmente en zonas donde el robo de combustible ha sido persistente y de gran escala.
Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos
En su denuncia, el Departamento del Tesoro determinó que la mayoría de los ingresos ilícitos del Cártel de Santa Rosa de Lima provienen del robo y contrabando de combustible y petróleo en el estado de Guanajuato. Particularmente en lugares conocidos como el “Triángulo de las Bermudas”. Mismo que se conforma por municipios como León, Irapuato, Salamanca y Celaya, donde se cruzan diversos ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Las autoridades estadounidenses además acusaron que El Marro, sigue dirigiendo operaciones del CSRL desde la cárcel. Esto, aunque fue detenido en México desde 2020 y condenado a una sentencia de 60 años de prisión por delitos como secuestro.
El presunto líder envía instrucciones a través de familiares y abogados. También impulsa alianzas con otros grupos criminales para enfrentar a rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que las sanciones son parte de una política más amplia para “desvincular enérgicamente” a las organizaciones criminales del sistema financiero estadounidense. Advirtió que se continuará actuando contra cualquier fuente de financiamiento ilícito empleada por estos grupos.
La disputa por el control del robo de combustible entre los cárteles CSRL y CJNG es uno de los factores que han elevado los índices de violencia en Guanajuato. Situación que lo posiciona como uno de los estados más mortíferos de México en años recientes.
El Tesoro estadounidense sostiene que esta confrontación alimenta no solo homicidios, sino también corrupción y el financiamiento de otras actividades del crimen organizado, como el tráfico de drogas hacia el mercado estadounidense.
Cártel de Santa Rosa de Lima y “El Marro”
El Cártel de Santa Rosa de Lima se formó en 2014 en la comunidad del mismo nombre en Guanajuato, inicialmente focalizado en el robo de combustible o "huachicol". Aprovecharon la red de ductos de Pemex para extraer hidrocarburos y comercializarlos en el mercado negro.
Aunque su actividad principal fue el robo de combustible, con el tiempo expandió su espectro hacia otros delitos como tráfico de drogas, incluida la distribución de narcóticos con destino internacional. Este grupo delictivo es un actor central en la violencia armada de la región.
José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”:
Nacido en Guanajuato, El Marro se convirtió en el rostro visible del CSRL, llevando al grupo a ser uno de los principales generadores de violencia criminal en el centro-occidente de México. Lo detuvieron el 2 de agosto de 2020 y posteriormente lo condenaron por secuestro, entre otros delitos.
A pesar de su encarcelamiento, las autoridades estadounidenses y mexicanas señalan que su influencia persiste dentro de la organización, coordinando acciones desde prisión.
