Luego de una segunda sesión de aproximadamente 13 horas y llena de contratiempos y polémicas; la madrugada de este miércoles se aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial.
Con 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones dieron luz verde al “Plan C” que será turnado a los Congresos Estatales. Durante esta nueva etapa, la reforma debe ser aprobada por 17 congresos para regresar al poder ejecutivo y poder convertirse en ley.
Por ahora, los trabajadores del Poder Judicial buscarán detener la reforma a través de recursos legales en tribunales nacionales e internacionales. Esta lucha podría durar varios meses.
La polémica votación
Ante la falta de tablero electrónico por el cambio de sede luego de la irrupción de manifestantes; la votación fue uno a uno con el pase de lista de los 127 senadores presentes.
Sin lugar a duda, el elemento clave para la aprobación de esta reforma, fue el senador por el PAN Miguel Ángel Yunes Márquez.
La mañana del martes al inicio de la primera sesión del Senado, pidió ausentarse por motivos de “salud”. Horas más tarde, se reincorporó para la segunda sesión en la sede alterna donde favoreció a Morena.
Votaron a favor también José Herrera y Araceli Saucedo senadores por el PRI y por supuesto, la mayoría calificada integrada por Morena, PT y PVEM.
Por su parte, Daniel Barrera, senador por Movimiento Ciudadano, informó que no se presentó a la sesión por un problema de su padre en la ciudad de Campeche.
Algunos cambios de la reforma al Poder Judicial
- Tener 9 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Reducir a 12 años la duración del cargo
- Eliminar las dos salas para sesiones plenarias para eliminar la posibilidad de sesiones privadas
- Que remuneraciones de ministros no sean mayores a lo percibido por el presidente de la república
- Eliminar posibilidad de pensión vitalicia tras concluir el cargo.
- Cambiar la elección de los representantes del Poder Judicial y que sean elegidos por voto popular
- Que las elecciones sean cada tres años de manera concurrente con el ejercicio electoral federal.
- Que los candidatos sean propuestos en partes iguales por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial