La Ley General de Aguas y la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la impulsó la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum desde octubre de este año. Envió al Congreso la iniciativa de plan hídrico nacional titulado “Plan Nacional de Agua 2024-2030”.
Esta propuesta representaba una modificación sustancial al marco legal hídrico en México, con el objetivo primordial de garantizar el derecho humano al agua y terminar con el acaparamiento y la mercantilización del recurso.
Luego de muchas discusiones, bloqueos campesinos y defensa de los legisladores y la presidenta, esta Ley se aprobó el jueves 4 de diciembre por el Congreso de la Unión. Actualmente, está en espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Objetivos centrales de la Ley General de Aguas
Desde su presentación ante el Congreso, hasta antes de su votación, el gobierno federal defendió firmemente que esta reforma busca corregir el desorden y los privilegios generados por la Ley de Aguas Nacionales de 1992.
En sus palabras, la esencia de la ley es proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, dejando de verlo como una mercancía.
Además, el proyecto aprobado define los mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para la tutela y gestión del recurso. También, los procedimientos para la participación social en la toma de decisiones y en las acciones de preservación.
Combatir el acaparamiento
Uno de los motivos del gobierno federal para promover la iniciativa era combatir el acaparamiento, la sobreexplotación y el "mercado negro" del agua. Señalan que existe una práctica donde algunas personas acumulan múltiples títulos de concesión, generando escasez para comunidades y pequeños productores.
“Vamos a terminar con el mercado negro para que no se venda en beneficio de particulares y a costa del derecho de las mayorías, para que quienes hoy reciben agua de manera gratuita y la venden y hacen negocio ya no puedan hacerlo más”.
Efraín Morales, titular de CONAGUA
Para combatir el acaparamiento, se establece que el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua, consolidando la rectoría en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Datos mostrados por el propio gobierno federal señalaban que durante años algunos distritos de riego vendieron excedentes de agua a municipios sin pagar por el recurso, lo que abrió espacios a la corrupción.
Sanciones y Concesiones
Esta nueva reforma introduce varios mecanismos para centralizar el control y endurecer la vigilancia del uso del agua.
- Se elimina la posibilidad de transferir, vender o intercambiar derechos de agua entre particulares. Las concesiones que no se utilicen para los fines autorizados deberán regresar a CONAGUA para su reasignación.
- El Registro Público de Derechos de Agua se transforma en el Registro Nacional del Agua, con el fin de aumentar el control y la transparencia en el régimen de concesiones.
- Se fortalece el régimen de sanciones y se incluye un catálogo de delitos hídricos. Algunos como explotación o extracción ilegal que serán perseguidos de oficio, con penas de prisión y multas.
- Se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales para reasignar los volúmenes de concesiones concluidas mediante planeación estratégica
Preocupación del sector agrícola y de los ciudadanos
Desde que iniciaron los bloqueos campesinos en las principales vías del país, el sector agrícola sigue siendo el grupo más preocupado por esta reforma.
Esta iniciativa generó temor de que los derechos de agua no pudieran heredarse o venderse junto con la tierra. Sin embargo, se incorporaron modificaciones (alrededor de 50 o 68 en total) para atender estas demandas.
Se precisó que al transmitirse el dominio de tierras vinculadas a una concesión de agua, el nuevo propietario conservará los derechos sobre el recurso. CONAGUA deberá expedir un nuevo título de concesión con las características y volumen originales en un plazo expedito (20 días hábiles).
Más allá de los reclamos del sector agrícola, se han mencionado otro tipo de preocupaciones.
Se habla de la centralización, pues, CONAGUA aumenta el riesgo de discrecionalidad administrativa. Bastará invocar el "interés público" para recortar volúmenes sin estudios hidrogeológicos independientes.
Organizaciones como Agua para Todos lamentaron que la reforma no resuelve el problema hídrico de fondo y perpetúa la "ley salinista" de 1992. Esto al no contener mecanismos para desmantelar el acaparamiento actual, ni garantizar plenamente la participación ciudadana y la equidad.
Por otra parte, algunas comunidades indígenas quedarían vulnerables. No se les reconoce el derecho a la libre determinación sobre las fuentes de agua en sus territorios, manteniéndose la posibilidad de concesionar sin su consentimiento.
