El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un acuerdo con sus aliados legislativos para impulsar un nuevo paquete de cambios electorales llamado “Plan B”. Esto luego de que su iniciativa original fuera rechazada en la Cámara de Diputados por falta de mayoría calificada.
Tras una serie de reuniones en la Secretaría de Gobernación, los partidos de la coalición oficialista Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM); confirmaron su respaldo para presentar una nueva propuesta legislativa que retome parte de los objetivos de la reforma electoral original.
“Haber alcanzado un acuerdo en torno al plan B de la reforma electoral, es un acierto político que demuestra que el diálogo sí da resultados y que la convocatoria de la presidenta, Claudia Sheinbaum, encontró eco y voluntad en nuestra coalición”
Coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.
La reforma que no alcanzó los votos
La reforma electoral enviada por el Ejecutivo fue rechazada en la Cámara de Diputados al no conseguir la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. La iniciativa obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra, lo que obligó al oficialismo a replantear su estrategia legislativa.
En esa votación, legisladores del PT y del PVEM decidieron no respaldar la propuesta constitucional, lo que marcó una ruptura momentánea dentro del bloque gobernante. Sin embargo, los partidos reiteraron su apoyo al proyecto político del gobierno y abrieron la puerta a negociar una alternativa.
Este choque legislativo representó la primera gran derrota parlamentaria de la actual administración, lo que llevó al gobierno a buscar ajustes que puedan aprobarse con mayoría simple o mediante nuevas negociaciones políticas.
¿Qué contempla el “Plan B” electoral?
El nuevo paquete legislativo busca mantener el objetivo central de la reforma original: reducir costos del sistema político y modificar algunas reglas electorales. Entre los puntos que se discuten destacan
- Medidas para limitar el gasto de congresos locales
- Reducir el número de regidores en los municipios
- Abrir la posibilidad de realizar consultas populares sobre temas electorales.
También se analiza adelantar el mecanismo de revocación de mandato y establecer topes salariales para funcionarios públicos, con el argumento de generar ahorros en el aparato político. El gobierno federal calcula que los cambios podrían significar un ahorro de hasta 4 mil millones de pesos.
Sheinbaum defiende estas medidas como parte de la política de austeridad impulsada por su administración.
“No se trata de debilitar la democracia, sino de terminar con privilegios y destinar recursos a necesidades sociales”