La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes, que el llamado “Plan B” de reforma electoral se enviará al Senado, tras el rechazo previo a una iniciativa más amplia. La mandataria aseguró que esta nueva propuesta prioriza la austeridad, la participación ciudadana y la reducción de costos en el sistema electoral.
“Se trata de un ajuste necesario para eliminar excesos y fortalecer la democracia”, declaró Sheinbaum durante un mensaje reciente, en el que subrayó que el objetivo central es “que haya menos privilegios y más participación del pueblo”.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Uno de los puntos más destacados del proyecto contempla establecer límites a las remuneraciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), alineándolos con el salario presidencial. Con esta medida busca atender críticas recurrentes sobre los altos sueldos dentro del organismo electoral.
“Los funcionarios públicos deben servir con vocación, no por privilegios económicos”, afirmó Sheinbaum, al justificar la inclusión de estos topes salariales en la propuesta.
Plantea también ajustes administrativos y operativos en el INE para reducir costos sin afectar la organización de elecciones, una postura que ha generado tanto respaldo como preocupación entre especialistas.
El Plan B
El nuevo paquete legislativo surge tras el fracaso del llamado “Plan A”, una reforma constitucional que no logró el respaldo necesario en el Congreso. El “Plan B” representa una estrategia para avanzar mediante cambios legales secundarios, evitando así la necesidad de mayoría calificada.
“El debate ahora se centra en qué tanto pueden modificarse las reglas electorales sin alterar la estructura constitucional”, señala el análisis, que advierte posibles controversias jurídicas en caso de aprobarse la reforma.
Los puntos más importantes
Reducción del gasto político
El eje central del Plan B es bajar el costo del sistema electoral. Incluye:
- Recortes al presupuesto de congresos locales y ayuntamientos
- Disminución del número de regidores en municipios
- Medidas para generar ahorros públicos
Tope a salarios de funcionarios electorales
- Se plantea que los consejeros y funcionarios electorales no ganen más que la presidencia.
- También se busca eliminar beneficios como bonos o seguros médicos privados.
Ajustes al funcionamiento del INE
- El plan propone cambios administrativos para hacer más eficiente al sistema electoral, sin modificar su estructura constitucional.
- Incluye reducción de costos operativos y mayor fiscalización del uso de recursos.
Mayor fiscalización del financiamiento político
- Se pretende fortalecer el control sobre el dinero que reciben partidos y campañas, especialmente para evitar irregularidades o recursos ilícitos.
“Súper elección” en 2027
Una de las propuestas más relevantes es concentrar múltiples procesos en una sola jornada electoral:
- Elecciones federales
- Elecciones locales
- Elección judicial
- Posible consulta de revocación de mandato
Esto busca reducir costos y aumentar participación.
Adelantar la revocación de mandato
Se plantea que la consulta de revocación presidencial se realice en 2027, coincidiendo con elecciones intermedias.
Consulta popular sobre temas electorales
El plan abre la posibilidad de que decisiones como la reducción del financiamiento a partidos sean sometidas a votación ciudadana.
Cambios vía leyes secundarias (clave política)
A diferencia del “Plan A”, este paquete:
- No requiere mayoría calificada.
- Se implementa mediante reformas a leyes secundarias.
Esto lo hace más viable políticamente tras el rechazo inicial en el Congreso.
Simplificar procesos electorales
Se plantea hacer más sencillas algunas elecciones, como la judicial, con boletas menos complejas y conteos más rápidos el mismo día.
Austeridad y participación
El discurso del Plan B mantiene dos objetivos principales:
- Reducir “privilegios” de la clase política
- Incrementar la participación ciudadana
Este enfoque retoma la narrativa central del proyecto original, pero con menos cambios estructurales.