La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad de la reforma a la Ley Minera que establece que el litio es propiedad de la nación y que su explotación corresponde exclusivamente al Estado mexicano.
Esta decisión del máximo tribunal aprobó la reforma del 2022 impulsada por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien promovió la nacionalización de este mineral estratégico.
A pesar de aprobarse, siete ministros se opusieron y estimaron que la impugnación de los senadores seguía viva y tenía que resolverse el asunto.
Con esta resolución, no se podrán otorgar concesiones a empresas privadas para la exploración o explotación del litio. Ahora, habrá más “control” estatal sobre este recurso clave para la industria tecnológica y energética.
Supremacía constitucional
El fallo de la SCJN se sustenta en la reforma al artículo 27 constitucional, que establece que minerales como el litio no pueden ser concesionados.
Los ministros consideraron que, aun si se impugnara la Ley Minera, prevalece la Constitución, la cual ya prohíbe la participación privada en este sector. Y es que, la Corte rechazó recursos legales de empresas que buscaban explotar este mineral, al determinar que no existe posibilidad jurídica de obtener concesiones debido al marco constitucional vigente.
“No se otorgarán concesiones en tratándose de litio”, establece el criterio respaldado por la Corte.
No habrá concesiones
El litio se considera un recurso estratégico a nivel global por su uso en baterías de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos, lo que ha incrementado su demanda en los últimos años.
La nacionalización busca que los beneficios económicos de su explotación permanezcan en el país y contribuyan al desarrollo nacional, en lugar de quedar en manos de empresas privadas o extranjeras.
Por ello, con este fallo se considerarán zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio y no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones para su extracción.