El debate entre Estados Unidos y México sobre cómo enfrentar a los cárteles de la droga escaló con rapidez esta semana tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump. Anunció la intensificación de acciones militares que podrían incluir “ataques por tierra” en territorio mexicano para combatir a los grupos del narcotráfico.
Esta postura ha generado una reacción inmediata del lado demócrata en el Congreso de Estados Unidos, que advierte sobre los riesgos de una intervención militar unilateral. Consideran, podría tener consecuencias graves para la soberanía mexicana y la cooperación bilateral.
La estrategia contra los cárteles
En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que después de una serie de operaciones navales en el Pacífico y el Caribe, su administración “comenzará ahora a atacar por tierra” a los cárteles que, según él, “controlan México”. El presidente no especificó detalles operativos ni plazos. Lo que sí hizo es reiterar su convencimiento de que la acción directa es necesaria para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Trump califica como amenazas transnacionales a estos grupos criminales. Sus comentarios se producen luego de las incursiones recientes en Venezuela y declaraciones sobre posibles acciones contra otros países de la región. La Casa Blanca ha reiterado que estos pasos forman parte de una estrategia de seguridad nacional para enfrentar a organizaciones criminales que, en su visión, representan un peligro directo para la seguridad estadounidense.
La postura de Sheinbaum
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado enfáticamente cualquier intervención militar extranjera en territorio nacional. Incluso subraya que la soberanía y la cooperación entre ambos países deben respetarse sin injerencia.
Sheinbaum ha señalado que el combate al narcotráfico debe realizarse de manera coordinada y con respeto a la legalidad internacional. También, busca reforzar canales de diálogo con Washington ante estas tensiones.
Recientemente, la mandataria señaló que el canciller, Juan Ramón de la Fuente, haría contacto el secretario de estado y de ser necesario hablaría con el presidente Trump.
Advertencia de los demócratas
La respuesta del ala demócrata en el Congreso de Estados Unidos fue inmediata y contundente. Al menos 75 legisladores enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, exigiendo medidas claras para evitar cualquier acción militar estadounidense en México sin la autorización del Congreso y destacando que una intervención unilateral sería “desastrosa”.
Los demócratas argumentan que un ataque militar sin el consentimiento de México dañaría profundamente la cooperación en materia de seguridad entre ambos países, que ha evolucionado en años recientes para enfrentar el narcotráfico y otros desafíos transfronterizos. Señalan además el riesgo de socavar la confianza mutua, afectaría el comercio bilateral y podría tener consecuencias negativas en ámbitos migratorios y económicos para ambos lados de la frontera.
El grupo de legisladores también contextualizó su rechazo en la reciente operación estadounidense en Venezuela, donde la captura de Nicolás Maduro ha sido utilizada por Trump como pretexto para justificar nuevas acciones contra organizaciones criminales en América Latina. Para los congresistas demócratas, ese precedente refuerza los peligros de replicar estrategias similares en México sin un marco legal y diplomático sólido.
Riesgos en la relación bilateral
El episodio ha tensado aún más una relación que, aunque estratégica, enfrenta desafíos derivados de enfoques distintos sobre seguridad y soberanía. México, principal socio comercial de Estados Unidos, ha reforzado en los últimos años su cooperación en materia de seguridad, incluyendo extradiciones de líderes del narcotráfico y operaciones conjuntas. Sin embargo, la insistencia de un enfoque militar unilateral amenaza con poner en riesgo estos esfuerzos conjuntos.
Expertos en política internacional señalan que un uso de la fuerza sin pleno respaldo legal y sin la colaboración del gobierno mexicano no solo violaría principios de derecho internacional, sino que también podría generar una crisis diplomática de grandes dimensiones.
Asimismo, el despliegue de tropas en un país soberano sin su consentimiento plantearía interrogantes legales incluso dentro del propio sistema político estadounidense, donde la autorización del Congreso es un requisito para guerras formales.