Un grupo de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la Línea Z, en Oaxaca, presentó este 5 de enero una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La acción legal busca esclarecer responsabilidades por el accidente que dejó al menos 14 personas fallecidas y decenas de lesionados. También responsabilizar a constructoras, contratistas y servidores públicos vinculados al proyecto ferroviario.
El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conectaba salidas de pasajeros en Oaxaca, se descarriló en una curva cerca de Nizanda y Chivela. El hecho provocó fallecimientos y heridas graves. Las cifras oficiales y diversas agencias señalan que 14 personas perdieron la vida y decenas quedaron lesionadas, muchas de ellas bajo atención médica.
Denuncia de las víctimas
Las víctimas, representadas por abogados del despacho Vega Mac Gregor Arellano, acudieron a la FGR para interponer una denuncia penal por delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. Esto en contra de las empresas Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, además de los servidores públicos que resulten responsables.
Durante la conferencia de prensa previa a la presentación de la denuncia, el abogado Adrián Arellano sostuvo que la querella se sustenta en observaciones documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Mismos que señalan irregularidades en la supervisión, construcción y rehabilitación de la infraestructura ferroviaria desde 2019 hasta las obras ejecutadas en 2025.
Los perjudicados incluyen a Juan Manuel Iglesias López, Flor del Carmen Temich Cinta y Alexis Iglesias Temich, quienes viajaban en el tren al momento del accidente y resultaron lesionados, algunos de ellos de gravedad. Los representantes legales explicaron que buscan que la investigación no solo se limite a los obreros o técnicos, sino que alcance a todas las cadenas de responsabilidad.
“No es necesario denunciar”: Sheinbaum
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre las denuncias, señalando que las víctimas “tienen libertad” para denunciar, pero que no es obligatorio iniciar procedimientos legales.
“No es necesario que se acerquen abogados, a veces hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y les ofrecen que van a obtener más recursos y hay comisiones que se llevan los bufetes de abogados”
Señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) puede proveer apoyo. Así mismo, respaldado también por las investigaciones en curso de la FGR. Sheinbaum afirmó que el gobierno federal ya abrió una carpeta de investigación y que se realizarán peritajes especializados para determinar responsabilidades.
“Hay libertad de las personas. Sin embargo, es importante que sepan lo siguiente: lo primero es que la propia fiscalía abre una carpeta de investigación. Con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas van a tener todo el apoyo del gobierno que requieran”