Procesaron a la esposa del presidente español, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
La decisión se da tras el cierre de la investigación iniciada en 2024 y abre la puerta a un eventual juicio, incluso con jurado popular, según medios internacionales.
¿De qué se le acusa?
El delito de tráfico de influencias es uno de los ejes centrales del caso. De acuerdo con el auto judicial, Gómez habría utilizado su relación con el presidente Pedro Sánchez para acceder a reuniones y contactos institucionales de alto nivel.
El juez sostiene que pudo “prevalerse” de su posición personal para influir en decisiones públicas y facilitar beneficios a proyectos vinculados con su actividad profesional.
Entre las acciones bajo investigación destacan:
- Impulso de una cátedra en la Universidad Complutense
- Captación de fondos privados presuntamente con fines propios
- Reuniones en espacios oficiales como el complejo de La Moncloa
Además, se analiza si parte de estos recursos o iniciativas derivaron en beneficios indebidos o uso irregular de fondos públicos.
El caso no se limita al tráfico de influencias. La investigación incluye también corrupción en los negocios, malversación de recursos públicos y apropiación indebida.
En el proceso también señalaron a una asesora cercana y un empresario vinculado a los proyectos académicos, considerados posibles colaboradores en las irregularidades.
Controversia política
La defensa de Gómez y la Fiscalía han solicitado en distintas etapas el archivo del caso, al considerar que no existen pruebas suficientes de delito.
Por su parte, integrantes del gobierno español han cuestionado la actuación judicial. El ministro Félix Bolaños calificó la investigación como controvertida y confió en que instancias superiores revisen la resolución.
El proceso también ha generado debate político, al involucrar directamente al entorno del presidente y coincidir con momentos clave de la agenda internacional del Ejecutivo.
Aunque aún no existe una sentencia, la decisión del juez de avanzar hacia juicio coloca el caso en una nueva fase, con implicaciones legales y políticas tanto a nivel nacional como internacional.