Este miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la recepción de una solicitud formal de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esto apenas horas después de que se hicieran públicos los cargos por narcotráfico en la Fiscalía de Nueva York.
Con este movimiento, Washington busca trasladar al mandatario estatal ante sus cortes federales para que responda por su presunta participación en una red de conspiración vinculada al cártel de Sinaloa. Esto coloca a la administración federal mexicana en una posición de alta complejidad jurídica y política.
A pesar de la formalidad del requerimiento, la Casillería señaló que el documento enviado por el Departamento de Justicia estadounidense presenta retos en cuanto a la solidez de sus argumentos iniciales. Indicaron que, tras una primera revisión, se detectó lo que consideran una “falta de pruebas contundentes” que acompañen la solicitud. Ese detalle es un requisito indispensable según el Tratado de Extradición vigente entre ambos países.
La observación institucional coincide con la defensa inmediata que el propio Rocha Moya ha desplegado desde Culiacán. Calificó la petición como un acto carente de sustento legal.
Rocha Moya respondió
El gobernador de Sinaloa fue tajante al defender su inocencia frente a las acusaciones de colaborar con grupos criminales y la posterior solicitud de captura internacional.
“No hay fundamento y lo demostraré; Estados Unidos pide mi extradición pero lo hace sin pruebas”
El mandatario sostiene que las acusaciones son producto de narrativas fabricadas y que cuenta con los elementos necesarios para desvirtuar cada uno de los puntos señalados por la fiscalía estadounidense, mientras que el gobierno federal mexicano ha evitado tomar una postura definitiva hasta que se agoten los análisis técnicos.
La intervención de la FGR y el largo camino jurídico
El proceso de extradición ahora se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Evaluarán el expediente y determinarán si los elementos proporcionados por Washington cumplen con los estándares de legalidad en México.
Según fuentes cercanas a la fiscalía, se ha iniciado un periodo de valoración donde se cotejarán los testimonios y datos de inteligencia presentados por los fiscales de Nueva York. Para ello, usarán las carpetas de investigación existentes en territorio nacional. Este procedimiento no será inmediato. La ley mexicana permite una serie de amparos y recursos legales que el gobernador podrá interponer para retrasar o bloquear su traslado al extranjero.