Este miércoles se confirmó que el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, la misma que procesó a figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Genaro García Luna, hizo pública la acusación. Esta vincula directamente al mandatario estatal y a otras nueve personas con una red de narcotráfico y lavado de dinero.
Este anuncio es una acusación penal directa contra un gobernador mexicano en funciones por parte de la justicia federal de los Estados Unidos.
Conspiración y vínculos con el Cártel de Sinaloa
La acusación presentada por los fiscales estadounidenses sostiene que Rocha Moya utilizó su posición política para facilitar las operaciones de facciones del cártel de Sinaloa. Específicamente, en lo relacionado con el tráfico de fentanilo y cocaína hacia territorio estadounidense.
Según los documentos judiciales, las investigaciones sugieren que el gobernador formó parte de un esquema de protección y colaboración. Mismo que permitía el flujo de sustancias ilícitas a cambio de beneficios económicos y apoyo operativo. El Departamento de Justicia enfatizó que “la red criminal se extendía más allá de las actividades de trasiego, involucrando un complejo sistema de lavado de activos para reintegrar las ganancias del narcotráfico a la economía formal”.
Este golpe legal no llega al vacío. El contexto que rodea a Rocha Moya se vuelve cada vez más complejo desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Cabe recordar que el propio Zambada, a través de una carta pública, aseguró que el día de su detención tenía pactada una reunión con el gobernador.
Aunque Rocha Moya sostuvo durante meses que en esa fecha se encontraba en un viaje personal en Los Ángeles, California, la Fiscalía neoyorquina parece desestimar su coartada. Fuentes judiciales indican que “las pruebas recabadas incluyen testimonios y datos de inteligencia que contradicen la narrativa oficial del mandatario estatal“. Esto coloca su presunto viaje bajo una luz de sospecha que ahora se traduce en un expediente criminal.
Los otros nueve funcionarios
La inclusión de otros nueve funcionarios y personas cercanas al entorno de Rocha Moya en la acusación sugiere que la investigación apunta a una estructura de colaboración sistémica en la entidad. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta ahora al reto de gestionar las implicaciones diplomáticas y políticas de tener a un mandatario estatal de su partido bajo un proceso penal en el extranjero.
Hasta el momento, la postura de la Federación es de cautela, apelando a la soberanía nacional. Mientras, en los pasillos políticos de la Ciudad de México y Culiacán se especula sobre la viabilidad de que Rocha Moya permanezca en el cargo bajo estas circunstancias.
¿Quiénes son los demás funcionarios?
- Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano; exsecretario general de Sinaloa.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
- Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.