La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un paso firme en lo que ya se considera uno de los mayores escándalos de soberanía y seguridad nacional de la década.
Este 5 de mayo, se confirmó el envío de citatorios para 50 personas. Destacan funcionarios estatales, municipales y personal de seguridad, para declarar sobre la muerte de presuntos agentes de la CIA durante un operativo en un laboratorio clandestino en Chihuahua. El caso no solo investiga un crimen, sino la presencia no autorizada de inteligencia extranjera operando en suelo mexicano.
La investigación, que se maneja con un alto nivel de hermetismo, apunta a una red de omisiones o colaboraciones que permitieron la incursión estadounidense. El grueso de los citados incluye:
- Altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua: Se busca determinar si existió coordinación oficial o “miradas hacia otro lado” durante el operativo.
- Funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE): Particularmente aquellos asignados a la zona norte y áreas de inteligencia.
- Personal civil y de seguridad privada: Relacionados con el predio donde se ubicaba el laboratorio clandestino.
- Agentes federales destacados en la zona: Para descartar que la información sobre la presencia de la CIA hubiera sido bloqueada hacia los mandos centrales en la Ciudad de México.
El incidente: Muerte en el laboratorio clandestino
El origen de esta crisis diplomática y judicial se remonta al hallazgo de un laboratorio de drogas sintéticas en la zona serrana de Chihuahua. Inicialmente, se reportó un enfrentamiento entre grupos delictivos. Pero, dio un giro dramático cuando se confirmaron bajas de ciudadanos estadounidenses con equipo táctico y tecnología de comunicación avanzada.
Posteriores filtraciones y el seguimiento de la FGR confirmaron que se trataba de un operativo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que terminó en tragedia. La FGR investiga ahora bajo dos vertientes principales
- El homicidio de las personas encontradas en el sitio
- La violación a la soberanía nacional. Esto por que no existe registro de una solicitud oficial para que agentes extranjeros armados realizaran operativos de campo en territorio mexicano.