La Diputada Hades Aguilar presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato y establecer, de manera expresa, que la educación que imparta la máxima casa de estudios del estado sea gratuita.
La propuesta plantea adicionar un artículo 4 Bis a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, con una redacción clara y contundente: “La educación que imparta la Universidad será gratuita.”
En Guanajuato, el acceso y la permanencia en la educación superior siguen condicionados al pago de cuotas de inscripción, reinscripción y otros aranceles, a pesar de que la Constitución reconoce la gratuidad de la educación impartida por el Estado. Estudiar en la Universidad de Guanajuato no puede depender de tener dinero para pagar una cuota. La educación superior es un derecho constitucional, no un privilegio.
Aunque la Universidad de Guanajuato ha recibido presupuestos superiores a los 3 mil millones de pesos anuales en los últimos ejercicios fiscales, al mismo tiempo, ha registrado subejercicios importantes. Para Morena, estos datos obligan a revisar con seriedad el destino de los recursos públicos y a poner en el centro a las y los estudiantes.
La resolución de la SCJN
La propuesta de Hades Aguilar se fortalece el reciente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 526/2025, en el que se determinó que el Congreso del Estado de Guanajuato ha sido omiso en asignar recursos suficientes para cumplir con el mandato constitucional de gratuidad en la educación superior.
La Corte ordenó iniciar de forma prioritaria el proceso legislativo necesario para corregir esa omisión. Dicha resolución dejó en claro que el costo de garantizar la gratuidad no debe trasladarse a las y los estudiantes, sino asumirse mediante una política pública seria, con suficiencia presupuestal y responsabilidad institucional.
La iniciativa también establece que la Universidad de Guanajuato contará con 30 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para implementar las medidas administrativas necesarias que permitan eliminar los aranceles cobrados por servicios educativos de nivel medio superior y superior. Asimismo, se propone que el Congreso del Estado garantice, en el Presupuesto General de Egresos de 2026 y en los ejercicios subsecuentes, las asignaciones necesarias para cumplir con el principio de gratuidad.