La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó este lunes el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios y excolaboradores de su administración.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que esta medida es de carácter “estrictamente preventivo”. Acentuó que no el resultado de una investigación directa iniciada por la UIF contra los implicados.
La mandataria explicó que se trata de un “mecanismo automático” que se activa debido a la relación de corresponsalía entre bancos mexicanos y estadounidenses cuando existen órdenes de aprehensión emitidas en el país vecino.
“Les pregunté (a la UIF), van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que lo sacaran. Fue de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento, dado que hay una orden de aprehensión en EU contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF. Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México
El origen del bloqueo
La inmovilización de recursos se derivó de reportes bancarios técnicos conocidos como “LPB 24 Horas”. Estos alertamientos surgieron tras las acusaciones públicas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan a la cúpula política de Sinaloa con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
A los señalados se les imputan cargos por conspiración para importar narcóticos, como fentanilo, cocaína y metanfetamina, además de utilizar sus cargos públicos para brindar protección e información sobre operativos de seguridad al grupo criminal.
Los 10 señalados por la justicia estadounidense
La lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP) cuyas cuentas han sido integradas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) incluye a:
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán.
- Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad) y Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas), quienes ya se encuentran bajo custodia de autoridades en Estados Unidos.
- Mandos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía de Investigación, como Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez.
Garantías legales y estatus del caso
La UIF enfatizó que estas acciones administrativas no constituyen una determinación definitiva ni acreditan responsabilidad penal por el momento. La dependencia señaló que continúa analizando la información y documentación de los implicados bajo criterios técnicos estandarizados.
Recordaron que los afectados cuentan con las garantías de ley, incluyendo el derecho de audiencia y la posibilidad de interponer recursos administrativos para defender la procedencia lícita de sus recursos. Por su parte, la presidenta Sheinbaum insistió en que se requieren “pruebas contundentes” antes de tomar acciones judiciales adicionales en el ámbito nacional.