¿Quién mejor para liderar una banda de secuestradores y extorsionadores que el hombre a cargo de perseguirlos?.
Esa es, en resumen, la tesis que la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) llevó este lunes ante un juez, al solicitar una condena de 154 años de prisión para Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino, y a quien se acusa de ser el cerebro de “La Barredora”.
El Ministerio Público llegó a la audiencia intermedia con 40 carpetas de investigación, casi un archivero completo, para sustentar lo que la defensa intentó tirar a la basura. Pidió excluir testimonios clave que vinculan a su cliente con la organización criminal. El juez de control no se las compró y dejó toda la evidencia en pie, lo cual, tratándose de un caso con tantas carpetas, ya es noticia en sí misma.
¿Y de dónde sale el número 154?
De una contabilidad criminal con todo y desglose. 100 años por secuestro agravado, 30 por extorsión agravada y 24 por asociación delictuosa.
La Fiscalía remató con multas en Unidades de Medida y Actualización, 16 mil por el secuestro, 30 mil por la extorsión y una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos, como si después de esto alguien estuviera pensando en recontratarlo.
Algunos medios añaden una reparación a una gasolinera del corporativo Paragas por 628 millones de pesos, cifra que vale la pena confirmar con la fuente oficial antes de repetirla como verdad revelada, porque no todos los reportes coinciden.
El “Abuelo” no se entregó por convicción
Lo agarraron en Paraguay en septiembre de 2025, después de meses prófugo y con una ficha roja de Interpol que lo perseguía más rápido que la propia Fiscalía tabasqueña. De ahí pasó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde hace fila para este proceso y, por si 154 años fueran pocos, para otro más por desaparición forzada que sigue en investigación.
Reportes de inteligencia de la Sedena filtrados en 2022 ya lo ubicaban, junto a su red, en el robo y venta de combustible, la extorsión y el trasiego de droga en Centro, Cárdenas y Huimanguillo, con presuntos hilos hacia el CJNG.
Es decir: mientras cobraba sueldo de servidor público, la inteligencia militar ya lo tenía fichado como parte del problema.
La audiencia de este lunes solo resuelve uno de los expedientes que tiene abiertos. Ahora le toca al juez decidir si el caso pasa a juicio y si, finalmente, la cuenta de 154 años se convierte en sentencia o se queda, como tantas otras en este país, en una cifra que suena bien en los encabezados.