Editorial
Cuando el periodismo incomoda, siempre queda el recurso clásico: amenazar con demandar. Eso hizo el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien anunció que evalúa, junto con sus abogados, acciones legales contra Los Angeles Times por un reportaje que vincula a su gobierno con una investigación activa de inteligencia estadounidense por presuntos nexos con el crimen organizado.
Según el diario, agencias de Estados Unidos mantienen pesquisas abiertas sobre el mandatario y le habrían retirado la visa. Villarreal respondió mostrando ante las cámaras un documento de visa vigente, aunque aclaró que no ha viajado a Estados Unidos. Un gesto que contesta una acusación con una fotografía, no necesariamente con una explicación.
Para el gobernador, el problema no es lo que publicó el rotativo, sino que lo haya publicado. Calificó la nota como “propaganda disfrazada de noticia” y aseguró que ese tipo de reportajes responde a intereses políticos y electorales, sin presentar evidencia de que las notas fueran, como dijo, “pagadas”.
Su exigencia puntual
Pide que el periódico le dé el mismo espacio que usó para acusarlo, esta vez para desmentirlo, además de una disculpa y reparación del daño.
La estrategia llega en un momento incómodo. En paralelo, su hijo, Américo Villarreal Santiago, delegado de la Secretaría de Bienestar en Coahuila, enfrenta señalamientos por un presunto desvío de recursos públicos hacia la campaña de Morena en esa entidad. El gobernador respondió con el mismo argumento que usa contra el diario estadounidense: todo es política. Dos acusaciones distintas, un solo libreto de defensa.
Por ahora, la única certeza es que Villarreal no ha presentado ninguna demanda formal, solo anunció que “se analiza” la posibilidad, mientras la prensa sigue preguntando lo que él prefiere no responder con datos: si no hay nada que ocultar, ¿Por qué Washington seguiría con el expediente abierto?