La regidora Isabel Herrejón, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del ayuntamiento, exigió al alcalde Juan Miguel Ramírez despedir al coordinador de reconstrucción del tejido social, Luis Antonio Tierrasnegras Romero, investigado por la procuraduría de derechos humanos del estado por acoso sexual.
Explicó que la comisión que preside, en febrero del año pasado, aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que establece que deben cesar a todos los funcionarios generadores de violencia o transgresores de derechos humanos, y el presidente dijo que debe cumplirlo.
“Ese acuerdo fue aprobado por unanimidad, dice que se solicita al Presidente Municipal instruya a la Oficial Mayor a que en el caso de que cualquier servidor público sea generador de violencia y o transgreda los derechos humanos, bien sea entre servidores públicos municipales, entendiendo por esto a los integrantes del Ayuntamiento, a los titulares de las dependencias, así como en lo general hacia la ciudadanía, se proceda de forma inmediata el cese laboral, no siendo reubicado en ninguna de las áreas de la Administración”.
“Les recuerdo que este oficio fue enviado al alcalde municipal el 19 de febrero. El 18 de febrero se generó este acuerdo, mismo que fue por unanimidad, y pienso y creo que no debe de ser reubicado este tipo de personas”.
ISABEL HERREJÓN ARREDONDO, REGIDORA
Este punto de acuerdo lo firmaron, además de ella, el síndico de Morena, Francisco Javier Torres Álvarez, y sus compañeros de partido, Ana Laura Benites, Adrián Guerrero Caracheo, Andrés Espinosa y Cristina González, además del edil del PAN, Raúl Alejandro Cuevas Molina.
“Hay que recordar que este acuerdo se hizo porque también en esa misma Dirección de Desarrollo Social sucedió lo mismo sobre un acoso y un hostigamiento laboral, misma que esa persona no fue reubicada y fue despedida. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Alcalde sí tiene de conocimiento este acuerdo? Porque no acata lo que hace e integra el Ayuntamiento como un órgano colegiado que participamos en una toma de decisiones”.
ISABEL HERREJÓN ARREDONDO, REGIDORA
La regidora reconoció que la resolución de la PRODEG, no pide su destitución, pero insistió en que el acuerdo de la comisión debe aplicarse.
Acusó que el gobierno de Juan Miguel cometió una revictimización al remover de su cargo a la víctima y enviarla a otra dependencia.
Lamento que durante la presente administración haya un retroceso en el respeto de los derechos laborales con un incremento en las quejas de acoso laboral.
“El acuerdo lo tiene que sostener el mismo Ayuntamiento como el mismo Alcalde”
