Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California de 74 años, abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano para continuar su proceso penal bajo prisión preventiva domiciliaria en Ensenada.
La medida la concedió la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega con base en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto luego de que la defensa acreditara un evidente deterioro físico, una pérdida de seis kilos de peso y movilidad limitada tras una cirugía de cadera.
Tardó 40 horas en llegar y la polémica de la Guardia Nacional
Tras dejar el centro penitenciario donde permaneció durante 72 días, trasladaron a Ruffo Appel a lo largo de casi 3,000 kilómetros en un trayecto por carretera de alrededor de 40 horas, custodiado por la Guardia Nacional en distintos vehículos blindados.
La travesía causó indignación en su familia; su hija, Verónica Ruffo, cuestionó la decisión de realizar el viaje por vía terrestre en lugar de un traslado aéreo. Ante los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en conferencia de prensa que la ruta por carretera respondió al estricto acatamiento de la orden judicial y a los protocolos estándar fijados por las autoridades.
El expediente de la FGR y la postura de la defensa
Detuvieron al exmandatario el 16 de julio e imputado por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, dentro de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el denominado huachicol fiscal ferroviario.
La FGR sostiene que la empresa Ingemar, en la cual Ruffo posee entre el 39% y 40% de las acciones, participó en una red de importación irregular de combustible desde Texas con un daño patrimonial estimado en más de 4 mil millones de pesos.
En su defensa, Ruffo Appel sostuvo su inocencia y afirmó que su participación se limitó a la de un accionista sin funciones operativas ni de toma de decisiones. Por su parte, la FGR subrayó que el cambio a prisión domiciliaria no detiene el proceso penal, el cual continuará en la fase de investigación complementaria.
Vigilancia permanente y restricciones judiciales
Para garantizar el cumplimiento del resguardo domiciliario, la autoridad judicial impuso medidas estrictas.
Tendrá vigilancia permanente de la Guardia Nacional las 24 horas en el inmueble, entrega obligatoria de pasaporte y visa, prohibición de salir del país y restricción absoluta de contacto con testigos o coacusados de la causa.