Luego de una audiencia muy larga, vincularon al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en un esquema conocido como “huachicol fiscal”.
La resolución la emitió la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega tras una audiencia maratónica que se extendió por más de 30 horas.
Cien datos de prueba y un daño millonario
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó cerca de un centenar de pruebas que acreditarían la participación del exmandatario panista en una red criminal dedicada a la importación irregular de combustible.
Según las investigaciones, el esquema consistía en introducir gasolina y diésel desde Texas, Estados Unidos. Declaraba ante las aduanas apenas el 10% del volumen real transportado o lo hacía pasar por otras sustancias para evadir impuestos.
Esta operación, calificada por las autoridades como la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento, generó un daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos tan solo en el primer semestre de 2025.
Medidas cautelares y otros implicados
Junto a Ruffo Appel, vincularon a otras siete personas. El exgobernador, identificado como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, permanecerá recluido bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1. Es el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
En el mismo centro penitenciario continuarán también su proceso:
- Ricardo Thompson Navarro
- José Merino Valdés Cuervo
- Juan Hermilo Chávez Rodríguez
- Luis Antonio Barrientos Juárez
Por su parte, otros tres implicados enfrentarán cargos bajo medidas distintas: dos en prisión domiciliaria por motivos de salud y una mujer internada en el CERESO de Nezahualcóyotl Sur