Celaya, Guanajuato
El presidente del Colegio de Abogados de celaya, Víctor García Barajas, afirmó que ninguno de los miembros del gremio local ni del colegio se ha prestado al proceso de elección popular de jueces que plantea la nueva Reforma Judicial.
Calificó esta iniciativa como un “simulacro sin fundamentos” y criticó la falta de preparación necesaria para competir en ese ámbito. García barajas destacó que la labor de los abogados postulantes, que conforman la mayoría en Celaya, es distinta a la impartición de justicia, subrayando que no participarán en lo que considera un monopolio promovido por el gobierno federal.
Ante los estragos de la reforma, el líder gremial señaló que los juzgados de Celaya, al igual que en todo Guanajuato, siguen desempeñando su labor con normalidad. A pesar de las tensiones derivadas del proceso de transición que comenzará en enero, los jueces han mantenido su compromiso con el estado de derecho.
“No, no, miren, ninguno del Colegio se ha postulado para hacer este simulacro, yo le llamo de un proceso sin fundamentos, sin tener los conocimientos necesarios siquiera para poder competir en ese campo. La cuestión de la impartición de la justicia es muy independiente a los que somos la gran mayoría que somos litigantes.
¿Cuáles son los riesgos que aún existen en el proceso? ¿Y qué opinión merece el 80% de los rechazados que reporta el Poder Judicial?
Bueno, esto está muy manejado ya, obviamente es un manejo político y la verdad es que nosotros somos abogados, pero abogados postulantes en su gran mayoría, o sea que nosotros estamos dentro del litigio, que es una etapa muy diferente a lo que es el impartir la justicia. Y esto, lo que me merece a mí es no jugarle a lo que ellos pretenden”
Actualmente, se encuentran en un periodo vocacional, retomando actividades el próximo año bajo las reglas vigentes hasta la fecha límite. El abogado celayense también expresó dudas sobre la viabilidad del proceso electoral, considerando que la ciudadanía desconoce tanto a los candidatos como el funcionamiento del sistema judicial. En su opinión, esto resta legitimidad a un modelo que, asegura, no beneficiará a la impartición de justicia.