
No se iniciarán procesos legales contra los inspectores de fiscalización despedidos por presuntos cobros irregulares a comerciantes. Según lo explicado, la decisión responde a la dificultad para obtener pruebas concretas debido a que los denunciantes inicialmente señalan los hechos, pero luego se niegan a ratificar. Por ello, el municipio optó por negociar la renuncia de los implicados, asegurando que nadie recibió una liquidación completa. Además, se descarta esta posibilidad porque priorizan resolver el problema de raíz y evitar un “mal pleito” que complique más la situación.
Se reveló que, para prevenir el retorno de los exinspectores a la administración pública, sus antecedentes quedan registrados, aunque no se etiquetan como definitivos debido a las limitaciones legales. Sin embargo, se advirtió que si futuras administraciones permiten su reingreso, podrían reactivarse estas prácticas. Para reforzar las medidas, ya se implementaron controles como códigos QR en identificaciones oficiales y se renovaron los uniformes para evitar fraudes.
“Si ellos renuncian y aceptan su renuncia, nosotros ya no tenemos por qué demandarlos, aunque les decimos que los podemos demandar. Si vemos cosas más fuertes, los demandamos.
El problema está en que la gente tiene que… nosotros tenemos que tener pruebas. ¿Cuál es la prueba? decir que yo, comerciante, le di 500 pesos y que cada periodo le doy 500 pesos. La gente al principio lo dice y luego ya después no quiere ratificarlo.
Por eso nosotros preferimos mejor tomar este… hacer liquidad, entre comillas, a las personas y estamos buscando otros perfiles para inspectores”
El presidente municipal sentenció que no tolerarán estas irregularidades y que, si surgen nuevas pruebas contundentes, no dudarán en actuar legalmente. Además, alertó sobre el riesgo de que estas prácticas resurjan en administraciones venideras si no se mantienen controles estrictos y medidas preventivas efectivas.