El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este jueves ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. En esta audiencia este 15 de octubre, se declararon “no culpables” del cargo de conspiración para cometer tortura.
Durante la vista encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, Maduro desestimó la acusación calificándola como una suma de “falsas acusaciones y testimonios”. Flores afirmó ser “completamente inocente”.
Acusaciones de represión y narcoterrorismo
La acusación sustitutiva, presentada formalmente el 8 de octubre, imputa a la pareja de coordinar una campaña de represión violenta y torturas contra opositores políticos, militares y tres ciudadanos estadounidenses. Esto con el fin de mantenerse en el poder.
Entre las prácticas descritas por la Fiscalía se incluyen descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, golpizas, abusos sexuales y privación de alimentos.
Con este nuevo expediente, la Fiscalía extendió a Cilia Flores el cargo de narcoterrorismo, elevando a cinco los delitos federales que enfrenta cada uno. Ambos permanecen imputados además por conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos y por posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
Estrategia legal y calendario del proceso
Recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su captura el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación militar estadounidense, los acusados escucharon el desarrollo del acto mediante traducción simultánea.
Las defensas de la pareja ratificaron la renuncia a su derecho a un juicio rápido con el fin de disponer de más tiempo para estructurar sus alegatos.
El juez Hellerstein fijó el inicio del juicio oral para el 14 de junio de 2027. En tanto, el tribunal tiene programada una audiencia para mediados de diciembre de 2026. Ahí se evaluarán los recursos presentados por la defensa para solicitar la desestimación del caso bajo el principio de inmunidad soberana.
De llegar a la etapa de juzgamiento y ser hallados culpables, los imputados podrían enfrentar penas que van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua.