El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 29 de septiembre a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, junto con su hermano Luis Alfonso Torres Torres y otras 19 personas ligadas al cártel de Sinaloa.
La Office of Foreign Assets Control, (OFAC) lo señala como “operador político” que, aliado con “El Ruso”, habría usado su influencia para proteger al cártel de la intervención de policías en Baja California, a cambio de sobornos.
Entre las 25 empresas sancionadas está “Vida Orgánica Tijuana”, de la cual la propia gobernadora era socia al 30%. Según el Registro Público de Comercio de Tijuana, Ávila cedió sus acciones mediante un acta notarial firmada en 2023. Sin embargo, ese cambio no se inscribió hasta el 10 de septiembre de 2026, apenas 19 días antes de que la OFAC hiciera pública la sanción.
Marina del Pilar se deslinda
Dijo tener “las manos limpias y la conciencia tranquila”, que está legalmente divorciada de Torres desde 2025 y que no ha hablado con él sobre las sanciones. Instruyó revisar si el gobierno estatal tiene contratos con las empresas señaladas.
También se supo que en junio circuló un audio, publicado por el periodista Héctor de Mauleón, en el que ella misma expresaba temor a ser sancionada por la OFAC.
El Departamento de Estado de EE.UU. fue más lejos, pues su vocero, Tommy Pigott, dijo que las sanciones “ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en el gobierno de México, particularmente en Baja California”