El Senado de la República aprobó recientemente un dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el cual ha generado un intenso debate público bajo el apodo de “ley anti memes”.
Aunque diversas figuras políticas y la propia presidenta Claudia Sheinbaum señalaron que la iniciativa no busca prohibir la sátira ni penalizar la creación de memes en internet; la oposición manifestó preocupación por posibles restricciones a la libertad de expresión.
El Pleno del Senado de la República aprobó este dictamen en lo general y en lo particular con una votación de 72 votos a favor, impulsados por la mayoría de Morena y sus aliados, frente a 34 votos en contra de la oposición. Tras su aval en el Senado, la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para su posterior análisis y votación.
¿Qué es la Ley Antimemes?
La iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno Federal plantea modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal.
Su propósito central radica en actualizar el marco jurídico nacional frente a compromisos internacionales como el T-MEC. También, endurecer el combate a la piratería a escala comercial y tipificar el uso indebido de la identidad gráfica institucional de las dependencias públicas.
El elemento central de la propuesta se encuentra en el artículo 403 Bis que contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA. Esto para quien reproduzca, imite o utilice marcas, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones de los tres órdenes de gobierno.
Adicionalmente, el paquete legislativo introduce responsabilidades secundarias y sanciones económicas de hasta 4.6 millones de pesos para los proveedores de servicios de internet que omitan retirar contenidos infractores de derechos de autor de manera reincidente.
Polémica por la propuesta
La iniciativa adquirió una intensa notoriedad pública en redes sociales y medios de comunicación bajo el sobrenombre de “Ley Antimemes”. Esta denominación surgió del temor ciudadano y de sectores de la oposición legislativa respecto a que las nuevas normas pudieran utilizarse para perseguir la sátira política, la caricatura y los contenidos humorísticos que emplean escudos o logotipos gubernamentales.
Representantes de partidos de oposición, junto con especialistas en derecho constitucional, advirtieron que la redacción legal carece de cláusulas de exención explícitas para la parodia, el periodismo y el trabajo artístico. Según expertos de la Universidad Iberoamericana, la vaguedad en la definición penal genera el riesgo de interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades. También de un posible efecto inhibitorio en la libertad de expresión digital.
“Desde la perspectiva del derecho constitucional, no creo que satisfaga el requisito de taxatividad (principio jurídico que exige al legislador redactar las leyes de forma clara, precisa y exacta) que la ley penal debe tener”
Maestra Daniela Carrasco, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
No es Antimemes: Sheinbaum
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum y voceros del oficialismo rechazaron que la reforma busque prohibir los memes o coartar la crítica política.
La mandataria aclaró que la medida se enfoca estrictamente en sancionar delitos de fraude y suplantación comercial. Los mismos como el uso de imágenes institucionales o videos generados con inteligencia artificial diseñados para engañar al público y cometer estafas financieras.
“De pronto sale un video con inteligencia artificial del director del IMSS diciendo una falsedad para cometer un fraude , o un video mío , llamando a la gente a que invierta en una cuenta que es de Pemex porque ya ocurrió.
“ Y entonces eso no está tipificado como delito, y es un delito, porque además mucha gente lamentablemente puede caer en una situación así. Y entonces tiene que haber un instrumento jurídico que permita sancionar , y en su caso también que se le regrese el dinero a las personas que cayeron en un fraude de este tipo. A eso se refiere este artículo. Nada que ver con lo político , sino con un fraude que se cometa con una imagen de gobierno”