La administración federal pasó de blindar por cinco años la información sobre los presuntos nexos del narcotráfico de Rubén Rocha Moya a ordenar su apertura parcial tras una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y es que, la Fiscalía General de la República (FGR) clasificó como reservada hasta el año 2031 la declaración y el cuestionario íntegro realizado a Rocha Moya en mayo pasado. El argumento gira en que difundir estas preguntas representa un “riesgo real e identificable”. Podría exponer las líneas de investigación del Ministerio Público de la Federación y vulnerar los derechos humanos del inculpado.
“Es un riesgo real dar a conocer la información contenida o relacionada con la carpeta de investigación, toda vez que se expondrían las líneas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen las evidencias para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los medios de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del inculpado”
Simultáneamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya había decidido reservar por un lustro toda comunicación diplomática con Washington sobre este expediente. Según el Comité de Transparencia de la Cancillería, la divulgación de estas posturas institucionales y mecanismos de cooperación podría “menoscabar las relaciones de confianza” necesarias para el trabajo bilateral diario.
“Su divulgación violaría la expectativa de confidencialidad que esperan los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para con el Gobierno de México, lo cual podría menoscabar las relaciones de confianza necesarias para el trabajo diario de las representaciones en ambos países”
La Orden de Apertura y las Notas Excluidas
Tan solo un día después de que se hiciera pública la reserva de cinco años, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la SRE transparentar los documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos.
Sin embargo, esta apertura tiene límites claros. Se exceptuarán las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales, las cuales mantendrán su carácter reservado por su naturaleza jurídica. Aún no se confirma si esta orden incluye las minutas de la reunión de mayo con el enviado estadounidense Markwayne Mullin. Presuntamente, se planteó la entrega de ambos políticos y que inicialmente fue reservada por tres años.
Contrastes Transfronterizos
Mientras en México la información oficial se mantenía bajo estricto sigilo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había hecho públicos los cargos desde abril de 2026. El expediente en Nueva York acusa a Rocha Moya, Inzunza y otros funcionarios sinaloenses de conspiración para importar fentanilo y colusión con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa desde el proceso electoral de 2021.
En el ámbito interno, las repercusiones han sido mixtas:
- Cuentas Congeladas: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bloqueados los activos financieros de ambos políticos.
- Estatus de Inzunza: El senador continúa recibiendo su dieta legislativa mediante cheques, dado que sus cuentas bancarias son inaccesibles, y no ha solicitado licencia a su escaño.
- Paradero de Rocha: La presidenta Sheinbaum afirmó recientemente que el gobernador con licencia se encuentra “ubicable” en Culiacán, Sinaloa, tras pasar más de dos meses sin realizar apariciones públicas.
Este episodio subraya la compleja balanza que el gobierno intenta mantener entre la cooperación internacional en seguridad y la protección de figuras políticas clave bajo investigación criminal.