La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), donde residen más de cinco millones de personas, enfrenta una de las crisis hídricas y sanitarias más severas de su historia reciente.

Entre 180 a 320 colonias atendidas por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la población ha reportado durante semanas el flujo constante de agua turbia, de coloración amarillenta o fétida. Estudios técnicos independientes realizados en la red de distribución advirtieron sobre picos preocupantes de contaminación biológica y química.

Entre los hallazgos destaca la ausencia de cloro residual. En más del 90% de las muestras analizadas, presencia de bacterias fecales (Escherichia coli), así como concentraciones de metales pesados como plomo y mercurio, y sustancias como nitratos y fluoruros.

Esta situación generó afectaciones dermatológicas, como urticaria y dermatitis, además de cuadros gastrointestinales y molestias oculares entre los colonos. La imposibilidad de utilizar el agua de la llave para el aseo, la cocina o la higiene básica ha obligado a miles de familias a incurrir en gastos extraordinarios de agua embotellada y garrafones.

Descargas ilegales y colapso de la infraestructura

Las autoridades estatales identificaron que el origen directo de la contaminación focalizada se encuentra en el canal que alimenta a la presa Las Pintas. Lugar donde detectaron descargas irregulares de aguas residuales.

A este problema se suma el severo deterioro del antiguo acueducto que transporta agua desde el Lago de Chapala y la obsolescencia estructural de la Planta Potabilizadora No. 1 en Miravalle, cuya construcción data de 1956.

Ante el deterioro en la calidad, el Gobierno de Jalisco determinó la suspensión temporal del abasto proveniente de Las Pintas. Esta medida implica retirar de circulación un volumen de hasta 2.5 metros cúbicos por segundo, lo que representa una reducción de cerca del 30 % en la disponibilidad total de agua para la metrópoli.

Para gestionar la escasez, el ejecutivo estatal implementó un esquema de racionamiento y rotación del servicio (tandeos) que se extenderá durante seis meses. Durante este lapso, se prevé concluir el acueducto de desvío de La Calera, la ampliación de la potabilizadora de Miravalle y el saneamiento de las fuentes afectadas.

A largo plazo, el plan gubernamental proyecta la construcción de un nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara en un plazo de dos años, sumado a la conclusión del sistema El Zapotillo, que actualmente opera apenas al 45 % de su capacidad. Las autoridades han ratificado que el servicio no será privatizado, no se incrementarán las tarifas del SIAPA ni se contratará nueva deuda pública para estas intervenciones.

Entre especulaciones sobre la privatización del agua

La severa crisis detonó fuertes inquietudes entre ciudadanos y legisladores sobre una posible privatización del suministro hídrico. Las alarmas se encendieron luego de que el gobierno estatal señalara la existencia de ofertas de inversionistas privados para financiar obras clave, como el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara a través de esquemas de asociación público-privada.

A la par, el gobierno federal advirtió que revisiones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a propuestas de financiamiento planteadas (como el esquema CMRO) detectaron mecanismos que podrían implicar alguna forma de operación privada.

Asimismo, respecto a rumores difundidos en redes sobre la supuesta entrega del SIAPA a empresas o instituciones de origen israelí, análisis documentales aclararon que no existe evidencia oficial ni licitación en Jalisco que respalde dicha versión, correspondiendo únicamente a antecedentes históricos de colaboración técnica en materia de saneamiento.