El gobierno federal admitió irregularidades en el operativo que anunció el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, confirmando la destitución del delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR).
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum informaron este viernes, que removieron de su cargo al exdelegado Juan Francisco Vera Ayala tras detectarse inconsistencias en la integración del expediente. Entre las anomalías destaca que el operativo se ejecutó dos semanas antes de anunciarse públicamente y sin contar con peritajes fehacientes que confirmaran la existencia de “huachicol”.
“Fue destituido porque el equipo de la fiscal General de la República encontró ciertas anomalías en este operativo, como que fue dos semanas antes y se informa dos semanas después, sin haber verificado todo absolutamente”
Algunas inconsistencias detectadas por las oficinas centrales de la FGR:
- Falta de verificación documental: El operativo se ejecutó sin haber revisado exhaustivamente los permisos de almacenamiento y procedencia que la empresa tenía a la mano.
- Ocultamiento de información: El cateo real en la terminal ocurrió el 4 de septiembre, pero la delegación de Guanajuato no informó de manera oficial a las oficinas centrales ni a la opinión pública sino hasta 13 días después (el 17 de septiembre), justo antes de una visita presidencial a la entidad.
- Acción unilateral: El operativo se planeó a nivel local, sin la participación de las fiscalías federales especializadas.
Ante el conflicto regulatorio, la fiscal general Ernestina Godoy ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajera el caso para revisar la trazabilidad fiscal y financiera de la totalidad del combustible. Extraoficialmente, Norma Quevedo Vázquez fue señalada para asumir la titularidad de la delegación estatal.
¿Cómo inició este calvario?
Toda esta historia de dimensiones impensables comenzó con un suceso relativamente pequeño. El 3 de julio de 2026, detuvieron a un chofer en una gasolinera del municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. Transportaba una pipa con 33,000 litros de diésel y no pudo acreditar la procedencia legal del combustible.
Esta detención sirvió como hilo conductor para que la fiscalía local iniciara una investigación más profunda. Los agentes ministeriales rastrearon la red de distribución del mismo propietario y obtuvieron órdenes de cateo para tres puntos del estado:
- La gasolinera original en San Luis de la Paz.
- Un centro de despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo.
- Una megaterminal de almacenamiento en San José Iturbide.
En este tercer punto, las autoridades se toparon con una cifra sin precedentes: 59,036,870 litros de combustible (divididos en 33.5 millones de gasolina regular, 7.2 millones de gasolina premium y 18.2 millones de diésel).
¿Qué tan grande es esta cantidad? Equivale a llenar unos 371,000 barriles de Pemex. De confirmarse su ilegalidad, estaríamos ante el golpe más devastador al contrabando de combustible en la historia del país.
¿Es realmente huachicol?
Tras el anuncio del decomiso, el caso dio un giro. La terminal de almacenamiento de San José Iturbide es operada por Gas Natural del Noroeste, una filial del conglomerado mexicano Grupo SIMSA. La empresa no tardó en emitir un comunicado para defender la absoluta legalidad de sus operaciones.
La defensa central de SIMSA se basa en una distinción clave de su modelo de negocio:
- Prestadores de servicio, no dueños: SIMSA aclaró que ellos no compran, venden, ni son propietarios del combustible asegurado. Su función se limita a rentar espacio en sus tanques a terceras empresas que sí cuentan con permisos vigentes de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
- Clientes de renombre: Especialistas del sector confirmaron que esta terminal resguarda inventarios de gigantes internacionales como ExxonMobil, Shell y Marathon Petroleum.
- Permisos en regla: La planta opera con una concesión federal de almacenamiento con vigencia de 30 años otorgada en 2016.
Esta aclaración sembró serias dudas sobre la actuación de la fiscalía local. Si el combustible pertenece a transnacionales legítimas y la planta cuenta con permisos, b