Este fin de semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026. Se trata de un extenso documento de más de 800 páginas que exonera de responsabilidad institucional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El organismo, encabezado por Rosario Piedra Ibarra, sostuvo que no existen pruebas objetivas que acrediten la participación directa de las Fuerzas Armadas en los hechos violentos de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El informe de la CNDH generó una fuerte controversia al desacreditar los hallazgos previos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj).
¿Anti verdad histórica? ¿Y las familias?
El organismo calificó como una “Anti-Verdad Histórica” a la narrativa que señala al Estado y al Ejército como responsables. Argumentaron que tal visión es tan dañina como la “Verdad Histórica” del sexenio anterior. Además, dijeron que desvía el eje de la investigación porque está basada en especulaciones no comprobadas.
El documento reconoce a 92 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. A pesar de ello, acota la responsabilidad castrense únicamente a actos de omisión individual de elementos que ya se encuentran bajo proceso penal.
Respecto a los polémicos “folios ocultos” del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) reclamados por los familiares, la CNDH validó la postura de la Sedena. También señalaron que no hay evidencia de documentos ocultos y que la información técnica ya fue entregada a las autoridades competentes.
Esta resolución provocó críticas por parte de organizaciones civiles como el Centro Prodh y Fundar, quienes denuncian una falta de autonomía de la CNDH. Sostienen además que existe una postura que protege al poder militar por encima de las demandas de verdad de las familias.
“El Gobierno no participó de ninguna manera”: Sheinbaum
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se desmarcó categóricamente del informe durante su conferencia matutina. La mandataria enfatizó que su administración no participó de ninguna manera en la elaboración del documento. Incluso dijo, desconocía que el organismo autónomo planeaba publicarlo la semana pasada.
“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. El Gobierno de México, es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada, entonces nosotros no participamos de ninguna manera en el informe, eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa”
Ante la polémica, Sheinbaum instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a realizar una revisión exhaustiva y profunda del informe para poder presentar una opinión oficial del Gobierno de México sobre su contenido y visión. Por otro lado, la presidenta evitó pronunciarse de fondo sobre la exoneración institucional de la Sedena.
Sin embargo, destacó que existen varios militares detenidos y bajo proceso desde el periodo del expresidente López Obrador. Asimismo, planteó la necesidad de diferenciar entre la participación individual de ciertos elementos, por posibles nexos con grupos criminales. Explicó que también debe distinguirse la participación de la institución como tal.
Finalmente, la jefa del Ejecutivo reafirmó que su prioridad es la solidaridad con las madres y padres de los 43, así como esclarecer lo sucedido para alcanzar la justicia y encontrar a los jóvenes. Sheinbaum anunció que “pronto” se presentará un informe gubernamental con los avances recientes de la investigación. Estos avances se integrarán con los resultados de diversas diligencias que aún realiza la Fiscalía General de la República.
“Lo más importante para nosotros es evidentemente la solidaridad con las madres y los padres y esclarecer esto que es una herida no solo para madres y padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino para México”